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El olor es lo primero que golpea. Un hedor persistente e insoportable recibe a los familiares que llegan al área de visitas de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, con la esperanza de obtener noticias de sus seres queridos privados de libertad.
“No se soportaba”, recuerda María Morán, madre de Jonathan, un joven detenido desde hace un mes por un proceso de manutención. Cuenta que, aunque las visitas están anunciadas para los martes y jueves, la mayoría de ocasiones no se permiten.
“Uno no sabe si come o no. Él me dice que le dan arroz con huevito, arroz con mortadela, nada más. Yo estoy desesperada por las enfermedades y los peligros que hay aquí”, relata con angustia.
María acudió al centro penitenciario el mismo día en que se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares para los internos del CPL Guayas n.º 1, ante el deterioro extremo de las condiciones carcelarias.
“Sería bueno que el Estado intervenga y nos ayude, sobre todo a quienes llevan más tiempo”, insiste.
Situación similar vive Mariselba Rodríguez, quien buscaba información sobre su cuñado, Gilberto, privado de libertad desde hace cuatro años. “No nos quieren dar ninguna noticia. No sabemos si está vivo o enfermo”, afirma.
Según Rodríguez, dentro del centro no hay medicinas ni alimentos suficientes. “Están muriendo peor que un perro y eso no es así. Son seres humanos. Cometieron un error, pero no pueden pagar con la vida”, manifiesta.
Asegura que lleva más de un año sin verlo y denuncia el trato durante los controles. “El maltrato de los militares es pésimo”, señala. También ha escuchado relatos estremecedores: “Dicen que los reclusos conviven con muertos, que incluso comen a su lado porque nadie los saca”.
La intervención de la CIDH y las alarmantes cifras
Las denuncias de los familiares fueron determinantes para que la CIDH considere que la población penitenciaria enfrenta un riesgo grave y urgente.
Fernando Bastidas, abogado y coordinador del Área de Protección del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), explicó que la solicitud de medidas se presentó en febrero de 2025, luego de constatar que la intervención militar no redujo la crisis, sino que la agravó.
“Recién ahora podemos corroborar oficialmente que hubo una serie de muertes durante 2025”, señaló.
De acuerdo con datos extraoficiales del CDH, en enero se registraron 17 fallecimientos; en febrero, 29; en marzo, 42; en abril y mayo, 42 cada mes; en junio, 49; en julio, 90; en agosto, 112; y en septiembre, 141 muertes, principalmente asociadas a desnutrición y tuberculosis.
Medidas que el Estado ecuatoriano debe cumplir
En su resolución, la CIDH ordenó al Estado ecuatoriano:
Evitar la pérdida de vidas y proteger la integridad de los internos.
Garantizar atención médica adecuada, medicamentos y tamizajes inmediatos.
Asegurar alimentos de calidad y agua potable suficiente.
Reducir de manera urgente el hacinamiento.
Restablecer el contacto regular con familiares y abogados.
Instalar una mesa interinstitucional con autoridades, organizaciones de derechos humanos y familiares.
Investigar todas las muertes ocurridas y permitir una visita in situ de la CIDH al centro penitenciario.
Plazos y posibles consecuencias
“El Estado tiene quince días para informar qué ha hecho”, advirtió Bastidas. De no cumplir, la CIDH podría elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones tienen mayor peso jurídico.
Incluso, según el abogado, podrían activarse sanciones internas, acciones por incumplimiento e incluso procesos que deriven en la destitución de altos funcionarios.
Sobre el manejo de los cuerpos, Bastidas confirmó reportes de cadáveres que permanecen en celdas o policlínicos. “Criminalística acude de forma periódica, pero mientras tanto los cuerpos se quedan ahí por falta de coordinación”, aseguró.
