Fiscalía pide prisión preventiva para 10 nuevos procesados del caso Progen

El fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, solicitó este martes 25 de agosto de 2026 prisión preventiva para 10 nuevos procesados dentro del caso Apagón o Progen, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de generadores eléctricos durante la crisis energética de 2024.

Entre los nuevos procesados figuran José Manuel De Oliveira, excoordinador jurídico del Ministerio de Energía, y Peter Dreher, quien se desempeñó como asesor del entonces ministro de Energía, Roberto Luque. También aparece José Manrique, pareja de Karla Saud, quien ya estaba procesada dentro de esta causa.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que existen elementos para presumir que nueve de los diez nuevos procesados habrían participado como autores directos en la contratación de la empresa estadounidense Progen. Con estas nuevas vinculaciones, el número total de procesados en el caso asciende a 31 personas.

La investigación se concentra en los procesos utilizados para adquirir generadores eléctricos destinados a enfrentar la crisis energética. Según la Fiscalía, durante las contrataciones se habrían omitido o evadido procedimientos para favorecer a Progen, pese a que sus ofertas no cumplían determinadas condiciones técnicas, económicas y jurídicas.

El Estado habría entregado como anticipo el 70 % del valor de los contratos, por un monto superior a $104 millones. La Fiscalía sostiene además que los equipos entregados por Progen no eran nuevos, no cumplían con las especificaciones técnicas y no llegaron a funcionar.

La audiencia de vinculación comenzó el lunes 24 de agosto y continuará este martes con la presentación de los argumentos de las defensas de los nuevos procesados.

Las contrataciones investigadas se realizaron durante la crisis eléctrica de 2024, cuando Ecuador enfrentó severos racionamientos de energía. Entre septiembre y diciembre de ese año, los apagones programados llegaron en los momentos más críticos a 14 horas diarias, en un escenario marcado, entre otros factores, por la disminución de los caudales que alimentaban las principales centrales hidroeléctricas.

La decisión sobre las medidas cautelares de los nuevos procesados deberá ser adoptada por la autoridad judicial competente una vez concluidas las intervenciones de las partes.