Burós de crédito mostrarán información de los últimos dos años

Los ecuatorianos que buscan acceder a un crédito tendrán un cambio importante en la información que las entidades financieras podrán observar en los reportes de los burós de crédito.

Una nueva resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria redujo de tres a dos años el periodo de información que aparecerá en estos reportes. La medida entró en vigencia el 20 de agosto de 2026.

Con esta modificación, los reportes mostrarán las operaciones vigentes, vencidas o canceladas correspondientes a los últimos dos años. En la práctica, una mora registrada hace tres años o más ya no aparecerá dentro del reporte utilizado por bancos, cooperativas y otras instituciones para evaluar una nueva solicitud de financiamiento.

La medida busca que las entidades financieras otorguen mayor importancia al comportamiento de pago más reciente. Esto podría favorecer a personas que tuvieron dificultades económicas en el pasado, pero que posteriormente lograron estabilizar sus finanzas y mantener pagos puntuales.

Sin embargo, la nueva normativa no elimina las deudas pendientes ni significa que una obligación desaparezca. Los registros relacionados con el historial y el riesgo crediticio podrán conservarse durante un periodo de hasta cuatro años desde que la operación haya sido legalmente extinguida.

Antes de esta reforma, ese plazo máximo de conservación podía llegar hasta seis años, por lo que también existe una reducción en el tiempo que determinados registros pueden permanecer almacenados.

El reporte crediticio continúa siendo una herramienta importante para las entidades financieras. A través de esta información pueden revisar si una persona cumple sus obligaciones a tiempo, presenta atrasos frecuentes o mantiene créditos pendientes.

Un historial reciente con pagos puntuales puede influir favorablemente al momento de solicitar financiamiento y, dependiendo de la evaluación de cada institución, contribuir a obtener mejores condiciones, mayores montos o tasas de interés más competitivas.

Aunque la resolución ya está vigente, sus efectos no serán inmediatos para todos los usuarios. La normativa establece una implementación progresiva y concede hasta 18 meses a los organismos de control y entidades involucradas para realizar las adecuaciones tecnológicas y operativas necesarias.