Ley Antimafias será debatida en primer debate este jueves 27 de agosto

La Asamblea Nacional debatirá este jueves 27 de agosto de 2026, a las 10:00, el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado, conocida como Ley Antimafias.

La presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, convocó al Pleno para el primer debate de la iniciativa impulsada por el Gobierno. El proyecto llegó a esta instancia luego de que la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad aprobara el informe con ocho votos el lunes 24 de agosto.

Uno de los principales cambios plantea reformar el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionado con la delincuencia organizada. La propuesta eleva de 22 a 26 años la pena para quienes constituyan u organicen un grupo estructurado de tres o más personas con el propósito de cometer delitos sancionados con más de cinco años de prisión y obtener un beneficio económico o material.

La misma pena de 26 años se aplicaría a quienes ejerzan funciones de dirección, financiamiento, mando, control, coordinación estratégica o planificación dentro de estas organizaciones. Actualmente, la legislación contempla una pena máxima de 10 años para este delito.

El proyecto también incorpora la figura del colaborador externo, dirigida a personas que no pertenezcan formalmente a una estructura criminal, pero que aporten asesoría técnica, financiera, contable o tecnológica, información o recursos con conocimiento de que su contribución favorece las actividades ilícitas. Para estos casos, la propuesta establece penas de entre 10 y 13 años, frente al máximo actual de siete años.

Las sanciones serían aún mayores cuando la organización tenga como finalidad cometer delitos como narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, sicariato, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, lavado de activos o tráfico ilícito de armas. En estos casos, la pena podría alcanzar los 30 años de prisión.

La propuesta, sin embargo, también genera cuestionamientos dentro de la Asamblea. El legislador Blasco Luna, del correísmo, manifestó preocupación por el artículo 266, relacionado con la sustracción o apoderamiento de hidrocarburos y combustibles, y advirtió sobre la posibilidad de que la reforma pueda utilizarse políticamente.

El legislador puso como ejemplo la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro de una investigación relacionada con presunto desvío de combustibles, y sostuvo que el endurecimiento de sanciones no debería convertirse en un mecanismo para perseguir a adversarios políticos.

El primer debate permitirá a los legisladores analizar el contenido de la propuesta y plantear observaciones antes de que el proyecto avance a las siguientes etapas del procedimiento legislativo.