Defensas de militares condenados por desaparición forzada alistan apelaciones

Luego de que un tribunal declarara culpables a 16 militares por el delito de desaparición forzada de los cuatro chicos de Las Malvinas, los familiares de las víctimas y sus abogados se mantienen a la espera de la sentencia por escrito, documento que permitirá activar las siguientes etapas procesales.

Abraham Aguirre, representante del Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH), anticipó que es previsible que las defensas de los uniformados presenten recursos de apelación una vez que el fallo sea notificado oficialmente. “Es un escenario esperado dentro del proceso”, señaló.

Aguirre recordó que, de manera paralela, se mantiene vigente una garantía jurisdiccional de habeas corpus, cuyo recurso fue admitido por la Sala Especializada de lo Penal de Guayaquil, instancia que previamente negó la sentencia de primer nivel. Sobre este trámite, indicó que actualmente se aguarda una resolución definitiva de la Corte Constitucional.

El representante del CDH también informó que continúa abierta una investigación previa por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte, relacionada con el mismo caso. Sin embargo, cuestionó la lentitud de la Fiscalía en el avance de este proceso.

“Realmente el proceso está muy lento. Estaremos presentando una queja formal ante la Fiscalía, en virtud de que tenemos aproximadamente un año y todavía ese caso no se ha movido absolutamente nada para determinar quién o quiénes serían los autores de la muerte de los cuatro niños de Las Malvinas”, sostuvo Aguirre.

Explicó que, en el marco de esta nueva investigación, si se llegara a establecer algún grado de participación de los militares, estos podrían enfrentar penas de hasta 40 años de prisión, conforme a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Precisó que las condenas pueden acumularse, pero sin superar el límite máximo legal. “Si se comprueba que tendrían algún grado de participación, podría imponérseles una pena de hasta 40 años, sumada a los 34 años y ocho meses. Es decir, se agregaría solo el tiempo restante para llegar a ese tope”, explicó.

Durante la audiencia realizada este lunes 22 de diciembre, el tribunal resolvió el caso por la desaparición forzada de los cuatro menores. A las 10:14, los jueces declararon culpables a los 16 procesados pertenecientes a la patrulla militar, encabezada por John Z., jefe del operativo, y establecieron penas diferenciadas.

Acogiendo el pedido de la Fiscalía, se impuso una sentencia de 30 meses de privación de libertad a cinco militares que se acogieron al mecanismo de cooperación eficaz. Para los otros once procesados, el tribunal dictó una condena de 34 años y ocho meses de prisión.

Además, se ordenó el pago de una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados, una reparación integral de $10.000 por cada procesado a favor de las víctimas, la presentación de disculpas públicas a través de un medio de comunicación y la realización de una ceremonia de desagravio en la base aérea de Taura, que incluirá la colocación de una placa conmemorativa.

Finalmente, el tribunal ratificó el estado de inocencia de Juan Francisco I. y dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares que existían en su contra.