Funcionario de Educación investigado por presunta corrupción apela a la prisión preventiva
Un funcionario del Ministerio de Educación, identificado como Roberto A., presentó un recurso de apelación contra la prisión preventiva que cumple dentro de una investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con la oferta de cargos públicos a cambio de dinero.
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Según informó Ecuavisa el 21 de octubre de 2026, el procesado, de 60 años, busca que se revoque la medida cautelar y se le permita defenderse en libertad mediante una medida sustitutiva. El juez admitió a trámite el recurso legal.
Roberto A. fue detenido el 13 de octubre durante un operativo ejecutado en Quito. La Fiscalía formuló cargos en su contra por su presunta participación en el delito de oferta de realizar tráfico de influencias, y un juez dispuso la prisión preventiva.
Investigación por presunta venta de puestos de trabajo
El caso se originó en una investigación sobre una supuesta red que habría ofrecido puestos de trabajo en instituciones educativas públicas a cambio de beneficios económicos.
Durante el operativo del 13 de octubre se realizaron tres allanamientos: uno en las oficinas del Ministerio de Educación, ubicadas en el sector de Iñaquito, y otros dos en domicilios de Quito.
Según información difundida por las autoridades, los supuestos cobros por gestionar cargos públicos oscilaban entre $1.500 y $5.000.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Administración Pública y, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, comenzó el 11 de mayo de 2026.
Una denuncia forma parte de los elementos del caso
Entre los elementos mencionados en el reporte de Ecuavisa consta la denuncia de un ciudadano que afirmó haber entregado dinero para conseguir un puesto de trabajo para su sobrina.
Según esa versión, el denunciante habría acordado un pago de $750 y recibió la promesa de que el nombramiento estaría listo a finales de mes. El supuesto ofrecimiento se habría producido en agosto.
El caso también recoge que el funcionario habría sido detenido anteriormente por una denuncia relacionada con estos hechos, pero quedó en libertad debido a que entonces se trataba de un proceso no flagrante.
La investigación continúa
La Fiscalía informó que la instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días. Durante este período se recopilarán y analizarán elementos para esclarecer los hechos investigados y determinar las posibles responsabilidades.
La apelación presentada por el funcionario busca revisar la decisión judicial que ordenó su prisión preventiva. Su admisión a trámite no implica que la medida haya sido revocada ni constituye una declaración de culpabilidad.
El procesado mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.
Fuente: Ecuavisa y Fiscalía General del Estado.
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