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En un nuevo operativo contra estructuras vinculadas presuntamente al crimen organizado, la Policía Nacional allanó una empresa de seguridad ubicada en el piso 17 de un edificio en el centro de Guayaquil, donde se incautaron múltiples armas de fuego y documentación relevante para la investigación.
Durante la intervención, las autoridades detuvieron a tres personas señaladas por presunta tenencia y porte de armas, y procedieron al levantamiento de evidencias físicas que ahora son objeto de peritajes especializados.
El general Walter Villarroel explicó que el decomiso forma parte de una investigación previa en curso, que busca establecer posibles vínculos entre esta y otras compañías de seguridad con hechos violentos u organizaciones delictivas organizadas, incluidas las pesquisas alrededor de alias Marino.
Las armas confiscadas están siendo sometidas a análisis técnico para determinar su procedencia, funcionamiento e irregularidades en permisos o numeración. Además del armamento, la Policía se incautó de 19 documentos claves para profundizar el caso.
Este procedimiento se suma a otros dos allanamientos previos en empresas del sector, parte de un plan conjunto con el Ministerio del Interior y la Unidad Especializada Investigativa de la Policía, en aras de desarticular redes que pudieran usar estructuras legales para encubrir actividades ilícitas.
Sobre la posible relación del establecimiento intervenido con el homicidio de alias Marino, las autoridades señalaron que esta hipótesis aún se encuentra en verificación, y que toda conclusión deberá estar sustentada en evidencia robusta puesta a disposición de los operadores de justicia.
En la audiencia de formulación de cargos, la defensa de los aprehendidos presentó documentación corporativa de la Superintendencia de Compañías en la que Marino no figuraba como accionista, aunque sí habría tenido vínculos históricos con la compañía.
El juez dispuso para los detenidos prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad judicial mientras continúa la instrucción fiscal, que fue fijada por 20 días para el análisis de indicios, pericias y demás diligencias requeridas.
