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Un Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi sentenció a María G. a 17 años y 4 meses de pena privativa de libertad por el asesinato de su pareja, Miguel Ch., en un hecho ocurrido en Saquisilí en febrero de 2025. La decisión fue tomada por unanimidad de los jueces tras analizar las pruebas presentadas.
¿Qué ocurrió?
La noche en que ocurrieron los hechos, el ECU 9-1-1 alertó a los agentes policiales sobre una emergencia en las calles 5 de Junio y 24 de Mayo en Saquisilí (Cotopaxi). Al llegar al lugar, encontraron a María G., de 53 años, junto al cuerpo de su conviviente, Miguel Ch., de 60 años.
Ella relató que ambos habían ingerido licor en su domicilio y que, tras una discusión, él fue apuñalado varias veces, con heridas principalmente en el tórax y la región abdominal, que afectaron órganos como pulmón, corazón e intestino delgado, provocándole la muerte.
Evidencia y proceso judicial
Durante la audiencia de juzgamiento:
La Fiscalía presentó testimonios de agentes de Criminalística que participaron en el levantamiento del cadáver.
También rindieron declaración peritos y el médico que realizó la autopsia, además de expertos en pruebas genéticas y luminol.
La procesada fue detenida tras ofrecer versiones contradictorias y hallarse en estado etílico, además de presentar manchas en una de sus manos que fueron consideradas en el procedimiento.
La condena se basó en el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Atenuante considerada
El tribunal aplicó la circunstancia atenuante contemplada en el artículo 45, numeral 5, del COIP, debido a que la procesada se presentó voluntariamente ante las autoridades tras cometer el crimen. Este factor influyó en la determinación de la pena.
Este caso resalta la determinación de la justicia ecuatoriana al sancionar con una pena significativa un homicidio violento en el ámbito familiar, tomando en cuenta las pruebas forenses y testimoniales presentadas en audiencia. La sentencia de 17 años y 4 meses de cárcel refleja la aplicación del marco penal vigente para delitos de asesinato en el país.
