Cinco militares reciben 30 meses de prisión tras colaborar con Fiscalía en el caso Las Malvinas

Cinco de los dieciséis militares que integraban la patrulla responsable de la detención de los cuatro menores en el sector de las Malvinas recibieron una condena de 30 meses de prisión tras decidir cooperar con la justicia. Sus testimonios fueron determinantes para aclarar las circunstancias en las que actuaron los uniformados y confirmar episodios de violencia contra los adolescentes.

Este lunes 22 de diciembre, durante la fase de juicio, los cooperadores aportaron información que permitió reconstruir los hechos: los menores fueron obligados a desnudarse, recibieron golpes con fusiles y parte de su ropa fue quemada. Estas declaraciones, calificadas como detalladas, corroboraron el traslado hacia Taura y el abandono de los menores en esta zona, donde posteriormente fueron hallados carbonizados.

El testimonio de Carlos E. M. fue destacado por el juez como el más preciso al describir la retención, las agresiones y el estado de los menores. Asimismo, el cooperador Nelson Z. ratificó que la orden para ingresar a Taura provino del militar John Z., lo que sustentó las conclusiones judiciales sobre la participación de la patrulla y la existencia de una orden superior.

Con estos elementos, el Tribunal rechazó las versiones presentadas por el resto de los uniformados, afirmando que existió una narrativa falsa que omitía detalles del operativo. Once militares, incluido el jefe de patrulla, recibieron sentencias de 34 años y ocho meses, mientras que uno fue declarado inocente.

La causa se originó el 9 de diciembre de 2024, cuando se denunció la desaparición de los menores. Estos, identificados como Josué, Ismael, Nehemías y Steven, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos por personal militar cerca de un centro comercial tras la alerta de un presunto robo. Los cuerpos fueron hallados carbonizados en Taura y, mediante pericias de genética forense, se confirmó su identidad el 31 de diciembre de 2024.

El caso ha generado fuerte conmoción social y cuestionamientos al accionar militar. La investigación pasó de Fedoti a la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza, y el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil ha acompañado legalmente a los familiares de las víctimas.

La sentencia contra los cooperadores eficaces constituye un elemento central dentro de un proceso que reveló graves vulneraciones a los derechos humanos y que deja en evidencia la responsabilidad de la cadena de mando en el uso ilegítimo de la fuerza.