Condenan a 11 militares a 34 años y 8 meses por la desaparición y muerte de cuatro menores de Las Malvinas

A un año de la desaparición de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, el Tribunal Cuarto de Garantías Penales emitió este lunes 22 de diciembre una sentencia contra los militares implicados en el caso. El Tribunal, presidido por el juez José Suárez, impuso una pena de 34 años y ocho meses de prisión a once uniformados por el delito de desaparición forzada, entre ellos el jefe de la patrulla responsable del operativo.

Además de la pena privativa de libertad, los condenados deberán pagar una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados y cumplir con medidas de reparación integral, que incluyen una indemnización de 10.000 dólares para cada una de las víctimas, disculpas públicas mediante un medio de comunicación y una ceremonia de desagravio en la base militar de Taura, en la que se colocará una placa conmemorativa.

El Tribunal también resolvió penas diferenciadas para otros procesados. Cinco militares que integraban la patrulla y colaboraron con información durante la investigación recibieron una condena de 30 meses de prisión. En tanto, el teniente coronel Juan Francisco I. M., procesado como cómplice, fue declarado inocente.

De acuerdo con la sentencia, diecisiete militares fueron inicialmente procesados por desaparición forzada. Durante la lectura del fallo, el juez Suárez destacó que la patrulla Tango Charly retuvo a los cuatro menores, omitiendo protocolos esenciales como notificar al ECU911, entregar a los detenidos a la Policía Nacional o garantizar su integridad física.

El Tribunal consideró demostrado que existió una coordinación para trasladar de manera ilegal a los menores y un pacto de silencio posterior para ocultar los hechos. Los testimonios recabados evidenciaron comunicaciones entre los uniformados y un mando superior, además de órdenes operativas en el trayecto hacia Taura, donde los menores fueron abandonados.

Posteriormente, los cuerpos de las víctimas fueron hallados carbonizados en una zona rural del sector. La Fiscalía confirmó, mediante pericias de genética forense, la identidad de los menores el 31 de diciembre de 2024.

Este caso se inició el 9 de diciembre de 2024, cuando el padre de una de las víctimas denunció el secuestro. Las primeras diligencias estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) y luego pasaron a la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza.

Los menores, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos en las cercanías de un centro comercial tras la alerta de un presunto robo. Según la Fiscalía, su retención y traslado por parte de personal militar derivó en su desaparición y posterior muerte, hechos que constituyen una violación grave a los derechos humanos y al marco legal vigente.

El fallo representa un precedente en el tratamiento judicial de la desaparición forzada en Ecuador y marca un hito en la exigencia de responsabilidades en el uso ilegítimo de la fuerza dentro de instituciones del Estado.