Una de las medidas urgentes dispuestas por el Gobierno nacional para contrarrestar la inseguridad que azota al país es la declaratoria de estado de excepción por 60 días en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón, en Guayas), en Los Ríos y Santa Elena. Esto incluye un toque de queda de 01:00 a 05:00 desde el domingo 2 de abril.
En Los Ríos, el nivel de violencia criminal e incidencia criminal van en aumento, especialmente en el cantón Quevedo, donde ya se registran 74 muertes violentas y en toda la provincia 174.
Marco Franco, presidente de la Cámara de Comercio de Quevedo, indicó que el Gobierno tomó una medida que ha sido solicitada desde hace muchos años.
“Sabe que la población está indefensa porque no podemos tener mecanismos de defensa personal para defender la vida de nuestra familia, la propia y para tener tranquilidad”, destacó en referencia a la autorización del porte de armas de uso civil para defensa personal a nivel nacional a aquellas personas naturales que cumplan los requisitos de Ley, que es otra de las medidas urgentes dispuestas por el régimen.
Franco indicó que el “Estado perdió el control del territorio ecuatoriano”, pero con la autorización para el porte de armas “ya se comienza a nivelar la pelea entre los buenos y los malos, aunque ellos están con fusiles y granadas”.
Sin embargo, considera que pese a esta situación la medida permitirá que el 99 % de los ciudadanos honestos y trabajadores puedan tener mecanismos para defenderse.
Sobre el estado de excepción indicó que era justo y necesario que se tome en cuenta a la provincia de Los Ríos.
Franco espera que con esto los negocios nocturnos puedan activarse, aunque la mayoría de los comercios empiezan a cerrar desde las 17:00 para precautelar su seguridad.
“Quedan pocos negocios que salen y exponen sus vidas en horarios nocturnos“, sostuvo.
El dirigente indicó que es necesario que se termine toda esta batalla política y se trabaje para contrarrestar la inseguridad, en referencia al juicio político contra el Ejecutivo y la controversia en torno a aquello.
“Mientras ellos pelean sus espacios de poder, nosotros lo ciudadanos ponemos los muertos (…), es una delincuencia organizada transnacional que está armando a la delincuencia nacional y poniendo de rodillas a la población y sobre todo al Estado ecuatoriano”, recalcó Franco.
En tanto, para Leonardo Jiménez, abogado y activista social, el decreto emitido por el presidente Guillermo Lasso demuestra la “incapacidad del Gobierno para garantizar la vida y seguridad de la población, y seguramente las muertes violentas van a aumentar”.
El profesional del Derecho señaló que el porte y tenencia de arma está penalizado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el decreto emitido por el Gobierno crea confusión.
Roberto Arteaga, periodista y docente, indicó que no se ha podido demostrar con base en evidencia, en algún país del mundo, que el porte y tenencia de arma haya contribuido a que los niveles de inseguridad o muertes violentas hayan disminuido.
“El nivel de inseguridad que vive el país no da para que personas civiles, de a pie, comunes y corrientes, porten un arma en un restaurante, dentro de un cine, centro comercial o institución educativa. No estamos en capacidad de sostener algo así’, expresó Arteaga, quien considera que el nivel de inseguridad muestra que con esto se pondrá “a los ciudadanos contra los delincuentes y en esa guerra alguien va a perder y no son los delincuentes”, cuestionó.
Por su parte, Edwin Enríquez, secretario del Club de Tiro, Caza y Pesca de Quevedo, indicó que se debe ser muy profesional para actuar durante un acontecimiento.
Pese a que sí está de acuerdo con el decreto presidencial, considera que los permisos deben otorgarse a personas pero aplicando todas las normas básicas y avanzadas, para que puedan portar el arma y darle un uso de manera responsable.
Connie Jiménez, gobernadora de Los Ríos, en su red social indicó que nunca se ha dicho que es “libre el uso de armas”.
Precisó que para ello se debe cumplir con la ley y reglamentos, se siguen cursos, se hacen pruebas psicológicas.
“El estado de excepción con toque de queda, que es algo que solicitamos y gestionamos junto con ciudadanos y autoridades, esto nos permitirá tener a nuestros militares en las calles para velar por la seguridad ciudadana por 60 días”, destacó la representante del Ejecutivo en la provincia.
