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El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) revocó la sentencia de primera instancia emitida en contra del prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, quien había sido sancionado por una presunta infracción electoral relacionada con las elecciones anticipadas de 2023.
En septiembre de 2025, el juez Ángel Torres impuso a Lloret una multa de USD 4 700, al considerar que el funcionario habría utilizado su cargo para inducir el voto a favor de la entonces candidata presidencial Luisa González. La denuncia fue presentada por Juan Esteban Guarderas, quien indicó que Lloret habría publicado contenido en una cuenta de Facebook incentivando el apoyo a la candidata.
No obstante, tras revisar el caso, el Pleno del TCE determinó que la prueba presentada por el denunciante fue obtenida de manera irregular y vulneró el artículo 76, numeral 4, de la Constitución, que establece que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley carecen de validez y eficacia probatoria.
Debido a ello, el Tribunal decidió dejar sin efecto la sanción, revocó la multa impuesta y dispuso que la denuncia sea archivada, quedando Lloret libre de toda responsabilidad en este proceso.
