El juicio político que se evacuará en la Asamblea Nacional es ‘una lucha que ganará porque la verdad siempre vence’, aseguró el presidente de la República Guillermo Lasso, en un mensaje a la nación que se transmitió en cadena nacional de medios de comunicación, la noche de este 30 de marzo de 2023.
Su pronunciamiento se dio casi un día después que la Corte Constitucional (CC) admitió a trámite el enjuiciamiento político en su contra que impulsan sectores de oposición de la Asamblea Nacional, por el cargo de peculado contemplado en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución.
El mensaje grabado en el patio del Centro Cultural Metropolitano de Quito y acompañado de un grupo de personas y su esposa, María de Lourdes Alcívar, el primer mandatario reprochó que este juicio político es un intento de asesinato a su reputación, un “proceso deliberado y sostenido para destruir la credibilidad de una persona”, acotó.
“¿Por qué intentar destruir la reputación de un presidente? Para silenciar su voz y tomar por asalto el poder. Destruir la democracia y quitarles la estabilidad a ustedes ciudadanos. Eso está en juego”, manifestó en medio de aplausos de quienes lo acompañaban.
En la cadena nacional, que duró casi 20 minutos, aseguró que sus acciones son transparentes y que es “inocente de esas patrañas” que le han “inventado”. “En mi vida personal, profesional y pública siempre he actuado con recta intención. Soy un demócrata, por eso respeto la decisión de la Corte Constitucional, a pesar de no compartirla. (Pero) me indigna este ataque a mi reputación y a la de mi hogar”, exaltó.
Expuso tres ‘conceptos y verdades’ a propósito de la decisión de los jueces constitucionales, de los que seis de los nueve que integran el pleno, se pronunciaron por admitir a trámite la solicitud de enjuiciamiento, aunque solo por el cargo de peculado por presuntos hechos de corrupción que se habrían dado en la Empresa Pública Flota Petrolera del Ecuador (Flopec); y, se inadmitió los dos cargos de concusión por actos sospechos de corrupción en Petroecuador y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco EP).
“Soy inocente en mi vida profesional y pública. Siempre he actuado con transparencia. Rechazo este juicio político que huele muy mal, soy un demócrata que cree que la democracia se fortalece con más democracia. Con la mano en el corazón soy inocente”, enfatizó.
Dijo tener la impresión de que algunos asambleístas se inventaron este juicio político porque “buscan el poder de manera desesperada, sin límites y por fuera de los tiempos que establece la democracia”.
A su criterio, el pronunciamiento de la Corte Constitucional tiene tres maneras de verse: una jurídica, política y personal y sobre cada una de ellas, expuso sus reflexiones.
“Desde lo jurídico, este es el más débil de los tres porque la intención es clara: los asambleístas interpelantes han hecho caso omiso de la Constitución, pues señalan en su escrito que la intención real es reprochar al presidente” por su gestión.
Recordó que la CC desechó la acusación de concusión, porque no había una sola prueba y por ello, se admitió por presunto peculado.
No obstante, no existen pruebas del peculado. “Como dicen los abogados, los delitos contra la administración exigen el elemento del dolo. ¿Dónde están las pruebas? ¡No hay, no hay!”, exclamó.
En esa línea, argumentó que las pruebas no existen porque lo acusan de un contrato firmado en Flopec en diciembre del 2018, con un alcance en el 2020, cuando él no era presidente de la República, pues llegó al poder tras los comicios nacionales celebrados en el 2021 y para un periodo de cuatro años.
“No me pueden atribuir algo que no hice, porque no era presidente. En segundo lugar, porque ese contrato, solo tiene recomendaciones técnicas de la Contraloría General del Estado, no indicios de responsabilidad penal”, afirmó.
Calificó de “absurda” la acusación de peculado, pues “qué tengo que ver con un contrato de 2018 y 2020, cuando ni siquiera hay una investigación en la Fiscalía. Si alguien tenía una prueba, debía poner una denuncia para iniciar una investigación penal, pero no hay, porque no hay pruebas. No hay pruebas porque no he cometido delito alguno, mucho menos antes de posesionarme. Como no hay motivos para un juicio penal, se inventan este juicio político”, insistió.
Así también, responsabilizó a las mafias del narcotráfico, del atraco al ISSPOL, de las empresas públicas, de la minería ilegal, las mafias de los negocios petroleros, que “se han sumado a la política para recuperar las prebendas ilegales que les quitamos”.
Desde el ámbito personal, se mostró indignado y molesto porque están intentando asesinar su reputación y la de su hogar con este proceso que “no tiene pies ni cabeza porque las políticas inventadas no se pueden sostener”.
“Es un juicio personal que me siguen… debo defender mi nombre y el nombre de mis hijos, de mis nietos, de mi esposa. Debo defender el buen nombre. Como persona, estoy viviendo un ataque sistemático”, se lamentó el gobernante.
Este 29 de marzo de 2023, en horas de la noche, con seis votos afirmativos y tres votos salvados, los miembros de la Corte Constitucional emitieron un dictamen de admisibilidad de un juicio político solicitado por la Asamblea Nacional el 24 de marzo pasado.
Los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de PK), Rodrigo Fajardo (separado de la ID) y Pedro Zapata (PSC) constan como interpelantes en este proceso y responsabilizan a Guillermo Lasso de incurrir en lo estipulado en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución.
Esto se refiere a la solicitud de interpelación a un presidente de la República por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
El dictamen de admisibilidad se aprobó con los votos de los jueces Richard Ortiz y Alí Lozada, ponente y coponente, respectivamente; Daniela Salazar, Alejandra Cárdenas, Karla Andrade y Jhoel Escudero.
Los tres restantes, Enrique Herrería, Carmen Corral y Teresa Nuques, se pronunciaron con votos salvados (en contra), pues a su criterio el organismo debió inadmitir el pedido de enjuiciamiento.
El expediente fue remitido a la Asamblea Nacional para que avance con los procedimientos, por lo que este viernes se prevé instalar una sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para conocer lo actuado por los jueces constitucionales y, a la vez, enviar el caso a la Comisión de Fiscalización para que inicie la sustanciación de la interpelación.
