Ministerio denuncia ante Fiscalía caso de falso juramento a Daniel Noboa y Erik Prince en escuelas

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue la elaboración, difusión y utilización de información falsa relacionada con un supuesto “juramento por la seguridad” realizado en planteles educativos del país.

La polémica surgió luego de que se viralizara un video en el que estudiantes aparecían participando en un juramento de lealtad vinculado al presidente de la República, Daniel Noboa, y al empresario estadounidense Erik Prince. El hecho generó críticas en redes sociales y cuestionamientos sobre una posible directriz oficial del sistema educativo.

Sin embargo, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, aseguró que el Ministerio nunca emitió, autorizó ni avaló dichas instrucciones. Según explicó, las investigaciones determinaron que los hechos estarían relacionados con un correo electrónico fraudulento enviado desde una dirección ajena a la institución, que se hacía pasar por dependencias oficiales del Viceministerio de Gestión Educativa.

De acuerdo con la cartera de Estado, la cuenta falsa habría remitido instrucciones a instituciones educativas para colocar imágenes de Noboa y Prince, realizar juramentos relacionados con la seguridad del país e incluso enviar evidencia fotográfica de las actividades desarrolladas.

El Ministerio indicó que busca identificar a las personas que participaron en la creación, difusión o utilización de esta información falsa y anunció acciones administrativas y legales para proteger la integridad del sistema educativo.

Además, la institución rechazó que los centros educativos sean utilizados con fines de proselitismo político, adoctrinamiento o promoción de intereses partidistas, reiterando que las escuelas deben mantenerse como espacios de formación académica alejados de disputas políticas.

La denuncia presentada ante la Fiscalía busca que se realicen pericias informáticas para determinar el origen de los correos electrónicos y establecer posibles responsabilidades por presunta suplantación de identidad y otros delitos relacionados con el uso fraudulento de información institucional.