Tribunal de Florida aprueba acuerdo de confidencialidad en el caso Progen

El caso Progen registró un nuevo avance en Estados Unidos luego de que el Tribunal del Distrito Medio de Florida aprobara un acuerdo de confidencialidad solicitado de manera conjunta por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y las empresas demandadas dentro del proceso civil relacionado con la compra de generadores eléctricos.

La decisión fue adoptada por el juez Sean P. Flynn, quien dio paso a una orden de protección destinada a regular el intercambio de documentos, testimonios y otras evidencias durante la fase de descubrimiento de pruebas del litigio. La medida busca evitar que las partes deban discutir individualmente la confidencialidad de cada documento presentado ante la Corte.

La resolución establece que determinada información podrá ser clasificada como “confidencial” o “altamente confidencial”, lo que significa que solo las partes involucradas en el proceso y las personas autorizadas tendrán acceso a ciertos documentos y pruebas.

Entre la información que podría quedar bajo reserva se encuentran secretos comerciales, planes de negocios, información financiera, resultados de investigaciones, términos contractuales privados y documentos cuya divulgación pudiera representar riesgos para la seguridad de personas vinculadas al caso.

Sin embargo, el tribunal estadounidense aclaró que la orden de confidencialidad no constituye una autorización automática para mantener documentos bajo sello judicial. En caso de que alguna de las partes pretenda impedir el acceso público a documentos específicos, deberá justificar legalmente dicha solicitud ante la Corte.

La decisión ha generado preocupación entre las defensas de algunos procesados en Ecuador. Los abogados del exministro de Energía, Antonio Goncalves, expresaron que la búsqueda de la verdad es incompatible con el ocultamiento de información y advirtieron que las pruebas producidas en Estados Unidos podrían ser determinantes para identificar a los responsables del presunto perjuicio económico al Estado.

El proceso judicial en Florida forma parte de las acciones emprendidas por el Estado ecuatoriano para determinar responsabilidades por los contratos de generación eléctrica de Salitral y Quevedo, que habrían ocasionado un perjuicio superior a los USD 100 millones. Paralelamente, en Ecuador continúa la investigación penal conocida como “Caso Apagón”, en la que se indagan presuntos delitos relacionados con la contratación de los generadores.