Human Rights Watch alerta sobre la vulnerabilidad de fiscales y funcionarios judiciales tras el asesinato de Alexandra Bravo

El asesinato de la fiscal Alexandra Bravo, ocurrido el pasado 14 de junio en Manta, ha generado reacciones nacionales e internacionales. La organización Human Rights Watch (HRW) manifestó su preocupación por la situación de inseguridad que enfrentan fiscales, jueces y demás funcionarios judiciales en Ecuador, especialmente aquellos que investigan delitos relacionados con el crimen organizado.

La entidad recordó que los operadores de justicia se han convertido en uno de los principales objetivos de las organizaciones criminales debido al trabajo que realizan en investigaciones de narcotráfico, homicidios, secuestros y delincuencia organizada.

El pronunciamiento se produce luego de que se conociera que Alexandra Bravo, quien contaba con autorización para recibir resguardo policial, no tenía custodios al momento del atentado. Incluso, durante su velación tampoco se observaron medidas de seguridad visibles, situación que ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de protección existentes.

Bravo era fiscal de Delitos Flagrantes en Manta y tenía más de 15 años de trayectoria en la Fiscalía General del Estado. Entre los casos de alto impacto que investigaba se encontraba la quema de 27 embarcaciones en el puerto de Manta y otros procesos relacionados con estructuras delictivas.

La muerte de la funcionaria se suma a una serie de ataques contra servidores judiciales en Manabí. Según registros recientes, al menos tres fiscales y dos secretarios de la Fiscalía han sido asesinados en Manta en los últimos años, lo que evidencia el alto nivel de riesgo al que están expuestos los funcionarios encargados de la administración de justicia.

Human Rights Watch hizo un llamado a las autoridades ecuatorianas para que se garanticen medidas efectivas de seguridad y se investiguen de manera exhaustiva los ataques contra funcionarios judiciales, con el fin de evitar que la violencia y las amenazas afecten el funcionamiento del sistema de justicia y la lucha contra el crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, ha señalado que el asesinato de Alexandra Bravo sería una represalia de las estructuras delictivas contra la labor que desarrolla la institución y aseguró que continuará trabajando para identificar y sancionar a los responsables del crimen.