Ecuador acumula casi 900 días bajo estados de excepción desde 2023

Ecuador está próximo a cumplir 900 días bajo estados de excepción desde inicios de 2023, una cifra que refleja la constante aplicación de medidas extraordinarias por parte de los gobiernos de turno para enfrentar la creciente inseguridad, el crimen organizado y la crisis carcelaria.

De acuerdo con un análisis difundido por Ecuavisa, la mayor parte de este período ha estado marcada por decretos presidenciales que han permitido la movilización de Fuerzas Armadas, restricciones temporales de derechos y la implementación de acciones especiales de seguridad en distintas provincias del país.

La utilización recurrente de estados de excepción se intensificó durante el Gobierno del presidente Daniel Noboa, especialmente tras la declaratoria de conflicto armado interno realizada en enero de 2024, cuando el Ejecutivo identificó a varias organizaciones criminales como grupos armados organizados y dispuso operaciones militares a nivel nacional.

Según expertos constitucionalistas consultados por el medio, si bien la Constitución permite al Presidente recurrir a esta herramienta en circunstancias excepcionales, la prolongación y repetición constante de estas medidas ha generado debates sobre su efectividad y sobre la necesidad de implementar soluciones estructurales para enfrentar la violencia.

Los analistas señalan que los estados de excepción fueron concebidos como mecanismos temporales para responder a situaciones extraordinarias, por lo que su uso continuo plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para recuperar la normalidad institucional en materia de seguridad.

Por otro lado, defensores de estas medidas sostienen que el país continúa enfrentando amenazas derivadas del narcotráfico, las extorsiones, los secuestros y la violencia de grupos criminales, lo que justificaría la necesidad de mantener herramientas extraordinarias para apoyar las labores de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

La Corte Constitucional ha intervenido en varias ocasiones revisando decretos de excepción emitidos por distintos gobiernos, emitiendo observaciones y estableciendo límites sobre el alcance de estas medidas para garantizar el respeto al marco constitucional y los derechos ciudadanos.

Mientras el debate continúa, Ecuador sigue enfrentando importantes desafíos en materia de seguridad, en un contexto donde las autoridades buscan reducir los índices de violencia y recuperar el control de zonas afectadas por la actividad de organizaciones criminales.