Ley Antimafias pasa primer debate y suma respaldos en la Asamblea Nacional

El proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para Reforzar las Capacidades Institucionales del Estado ante el Crimen Organizado, conocido como Ley Antimafias, pasó este jueves 27 de agosto su primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

La iniciativa, presentada por la presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, busca fortalecer las herramientas del Estado para prevenir, investigar, perseguir y sancionar a las organizaciones criminales, además de afectar sus estructuras económicas y operativas.

Durante el debate, el proyecto recibió el respaldo de legisladores del Partido Social Cristiano (PSC) y de varios independientes, mientras que la bancada de Revolución Ciudadana (RC) presentó observaciones y pidió que la respuesta al crimen organizado no se limite al endurecimiento de las penas.

La propuesta contempla reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), al Código Orgánico de la Función Judicial y a la Ley de Extinción de Dominio.

Uno de los cambios principales busca tipificar de manera específica el delito de pertenencia a una organización delictiva. El proyecto considera delincuencia organizada a la actuación coordinada de tres o más personas que conformen una estructura permanente o reiterada para cometer delitos graves y obtener beneficios económicos o materiales.

Además, quienes constituyan, organicen, financien o ejerzan funciones de dirección, mando, control, coordinación estratégica o planificación dentro de estas estructuras podrían enfrentar penas de entre 22 y 26 años de prisión.

Cuando las organizaciones estén relacionadas con delitos de alto impacto, como narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, sicariato, secuestro, trata de personas, tráfico de armas o lavado de activos, las penas propuestas podrían llegar hasta los 30 años.

La iniciativa también plantea sancionar a personas que, sin formar parte directamente de una organización criminal, colaboren de manera consciente con sus actividades mediante asesoría, información, recursos o apoyo logístico.

Otro de los objetivos planteados es utilizar los bienes vinculados con actividades del narcotráfico y otras economías ilícitas para fines sociales, mediante mecanismos relacionados con la extinción de dominio.

Durante su intervención, Mancheno sostuvo que la reforma busca cerrar el círculo de responsabilidades dentro de las estructuras criminales, incluyendo a quienes faciliten domicilios, bodegas u otros espacios utilizados para cometer delitos.

La presidenta de la Asamblea también propuso establecer sanciones para abogados condenados por delitos vinculados al crimen organizado. La reforma planteada contempla la suspensión de su ejercicio profesional durante el mismo periodo de la pena, siempre que exista sentencia ejecutoriada, participación probada y relación directa entre el ejercicio profesional y la actividad delictiva.

El proyecto también incorpora cambios para combatir actividades ilícitas relacionadas con el robo, desvío, almacenamiento clandestino y comercialización ilegal de combustibles.

Desde el PSC, el asambleísta Alfredo Serrano expresó su respaldo a la propuesta y planteó incluso eliminar el actual límite de 40 años para la acumulación de penas, con el argumento de que cada delito grave debería recibir una sanción proporcional.

En contraste, la asambleísta de Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, señaló que la ley debe ir más allá del incremento de penas y concentrarse en afectar las finanzas y el patrimonio de las organizaciones criminales. También pidió mayor precisión para definir la pertenencia a estos grupos y llamó a revisar posibles mecanismos utilizados para el lavado de activos a través de empresas, sociedades, sistema financiero y notarías.

El proyecto continuará ahora su trámite legislativo, durante el cual podrán incorporarse observaciones y modificaciones antes de su eventual segundo debate y votación en el Pleno.