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La mañana del lunes 8 de diciembre de 2025, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Olavo Hernández, resolvió llamar a juicio al expresidente Lenín Moreno como presunto autor directo del delito de cohecho dentro del denominado caso Sinohydro.
El proceso judicial se centra en la adjudicación del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una obra ejecutada durante el gobierno de Rafael Correa y que costó al país cerca de $ 2.000 millones. La investigación sostiene que hubo pagos ilícitos vinculados a esta contratación.
Con esta decisión, Moreno pasa a integrar la lista de exmandatarios ecuatorianos procesados por corrupción, junto a Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y Rafael Correa.
Otros expresidentes procesados por corrupción
Abdalá Bucaram enfrentó procesos por peculado en los casos Mochila Escolar y Gastos Reservados, ya prescritos. Además, en 2020 fue acusado por delincuencia organizada en compras de insumos médicos.
Jamil Mahuad fue sentenciado por peculado en 2014, proceso que quedó firme en 2020. Su caso se originó en el congelamiento bancario de 1999.
Gustavo Noboa fue investigado por presunto peculado en la negociación de bonos de la deuda externa. Vivió asilado en República Dominicana y recibió amnistía en 2008.
Rafael Correa cumple una sentencia de ocho años por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016. Reside actualmente en Bélgica, donde posee refugio. Además, tiene pendiente un llamado a juicio por el secuestro de Fernando Balda, caso que no avanza por tratarse de un delito que no puede juzgarse en ausencia.
Otros exmandatarios también han enfrentado procesos, aunque sin llegar a juicio:
Fabián Alarcón, acusado por contratación ilegal de personal en 1997, fue detenido y posteriormente sobreseído en 2000.
Lucio Gutiérrez, derrocado en 2005, fue acusado de atentar contra la seguridad del Estado. Fue detenido en 2006 y finalmente sobreseído por falta de acusación del Estado.
Con el llamado a juicio, el proceso contra Moreno avanza a su fase decisiva, mientras la Fiscalía y la defensa deberán exponer sus pruebas ante el tribunal competente.
