Diversos legisladores y autoridades locales reaccionaron con cuestionamientos públicos hacia el excandidato presidencial Andrés Arauz, luego de que una investigación periodística vinculada al denominado caso Finisterra mencionara su nombre en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
El reportaje aludió a chats periciados dentro del expediente del caso, en los que, según esa publicación, se menciona que un vehículo blindado habría sido puesto a disposición de Arauz durante su campaña presidencial de 2021, en conversaciones atribuidas al ciudadano serbio Jezdimir Srdan, alias Brate, y su red de operadores.
Reacciones políticas
– Galo Lara, gobernador de la provincia de Los Ríos, se sumó a las críticas y aseguró en redes sociales que las estructuras del narcotráfico “siempre buscan puertas abiertas”, aludiendo al correísmo y afirmando que el actual Gobierno representa un quiebre frente a esas prácticas.
– La asambleísta Lucía Jaramillo señaló que los indicios mencionados en los chats no deben ser minimizados y cuestionó que Arauz aparezca de forma reiterada en este tipo de investigaciones, sugiriendo preocupación sobre presuntas conexiones políticas con redes criminales.
– Milton Aguas y Álex Morán, también legisladores, respaldaron estas críticas y pidieron que las autoridades profundicen las investigaciones, advirtiendo de un patrón preocupante que —según ellos— involucra a figuras de la Revolución Ciudadana.
Defensa de Arauz y contexto del proceso
Frente a estos cuestionamientos, la organización política Revolución Ciudadana emitió un comunicado en respaldo de Arauz, rechazando lo que calificó como intentos de vincular a sus dirigentes con hechos delictivos sin pruebas concretas.
Por su parte, Arauz negó categóricamente cualquier relación con actividades ilícitas, asegurando que los señalamientos son infundados y que investigaciones anteriores ya demostraron que acusaciones similares no prosperaron ante instancias judiciales.
El caso Finisterra sigue en etapa de investigación previa, a cargo de la Fiscalía General del Estado, fase en la que se recopila información para determinar si existen elementos suficientes para formular cargos. Hasta la fecha no se ha reportado ninguna imputación formal ni vinculación judicial directa contra Arauz u otros actores mencionados en los chats.
