Gobierno reorganiza sus cárceles, pero las fugas exponen las fallas de seguridad del sistema penitenciario

Ecuador busca reorganizar su sistema penitenciario mediante un nuevo modelo de clasificación de las personas privadas de libertad, diseñado para distribuirlas de acuerdo con su nivel de riesgo y peligrosidad. No obstante, las fugas registradas durante 2026 evidencian que el fortalecimiento de la seguridad sigue siendo uno de los principales desafíos para las autoridades.

Un caso que volvió a poner el tema en el centro del debate ocurrió el 28 de septiembre en la cárcel de Turi, en Cuenca. Dos internos escaparon del centro penitenciario después de romper los barrotes de una ventana y utilizar sábanas para descender. Posteriormente, atravesaron distintas áreas del recinto y escalaron un muro cercano a una garita.

El hecho coincidió con la entrada en vigencia del Reglamento para la Clasificación de Personas Privadas de Libertad, que establece criterios para separar a los internos de acuerdo con sus características y el nivel de seguridad requerido.

Según los datos recogidos por Expreso, entre enero y septiembre de 2026 la Fiscalía registró al menos 63 denuncias por evasión o fuga, frente a 90 casos contabilizados durante todo 2025. Guayas concentró 20 de las denuncias reportadas en los primeros nueve meses de este año.

Cuatro categorías para clasificar a los internos

El nuevo reglamento establece cuatro niveles: riesgo alto con aplicación del régimen penitenciario especial, riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo.

Para determinar la categoría de cada persona se deberán considerar factores como la gravedad del delito, la situación procesal, los antecedentes, la conducta dentro del centro, el riesgo de fuga y la posible capacidad de ejercer violencia o influir sobre otros internos.

También se contempla la posible vinculación con organizaciones criminales y la capacidad de mantener actividades delictivas desde prisión.

La normativa establece que los nuevos internos deberán pasar por una evaluación inicial en una zona transitoria, proceso que no podrá superar ocho días. El diagnóstico incluirá aspectos jurídicos, físicos, mentales y de vulnerabilidad.

Sin embargo, la aplicación del modelo requiere superar problemas que han afectado históricamente al sistema, entre ellos el hacinamiento, la infraestructura insuficiente, los expedientes incompletos y las dificultades para mantener una separación efectiva entre grupos de internos.

Personal e infraestructura, claves para aplicar el modelo

La exdirectora de Rehabilitación Social Alexandra Zumárraga considera que la clasificación debe sustentarse en evaluaciones individuales y equipos técnicos permanentes. Esto implica contar con profesionales del derecho, psicólogos, trabajadores sociales, médicos y especialistas en criminología e inteligencia.

Además, el sistema necesita expedientes digitales actualizados y mecanismos de intercambio de información entre las instituciones de justicia y seguridad, con procedimientos que permitan verificar los datos y proteger la información personal.

La infraestructura también representa un factor determinante. Para mantener separados los distintos niveles de riesgo se requieren pabellones adecuados, cámaras operativas, sistemas de monitoreo, cerraduras seguras, escáneres y suficientes agentes penitenciarios.

Zumárraga también advierte sobre la importancia de distinguir entre personas sentenciadas y procesadas. La clasificación de seguridad no debe convertirse en una sanción anticipada para quienes todavía no cuentan con una sentencia condenatoria.

Las fugas evidencian problemas de vigilancia y custodia

El caso de Turi puso en cuestión la capacidad de reacción de los responsables de la vigilancia. Cuatro servidores policiales fueron inicialmente procesados por el caso, aunque la causa pasó a investigación previa y recuperaron la libertad, según el reporte de Expreso.

Otro episodio mencionado por el medio fue la fuga de un interno presuntamente vinculado con la mafia albanesa desde una casa de salud en Guayaquil, mientras permanecía bajo custodia penitenciaria.

Para los especialistas consultados, estos hechos reflejan la necesidad de reforzar los protocolos de vigilancia, los controles internos y los mecanismos de supervisión del personal encargado de la custodia.

El experto en seguridad Wagner Bravo sostiene que el sistema requiere una transformación profunda y una evaluación integral de sus funcionarios. A su criterio, la presencia militar puede contribuir temporalmente al control, pero no sustituye la formación de un cuerpo penitenciario profesional.

Por su parte, el especialista colombiano Hugo Acero plantea combinar infraestructura, vigilancia, profesionalización y programas de reinserción social. También advierte que las soluciones deben considerar las garantías de derechos humanos y las particularidades del sistema ecuatoriano.

Un desafío que va más allá de trasladar presos

La reorganización de la población penitenciaria forma parte de una estrategia más amplia para recuperar el control de los centros de privación de libertad. Sin embargo, la clasificación por niveles de riesgo solo podrá cumplir su objetivo si se acompaña de personal capacitado, infraestructura funcional y procedimientos de vigilancia eficaces.

El desafío para las autoridades será lograr que el nuevo modelo se aplique de manera sostenida y que las medidas de seguridad reduzcan las vulnerabilidades que permiten las fugas y otras irregularidades dentro de las cárceles.

Fuente: Expreso, Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez, 12 de octubre de 2026.