Gobierno refuerza controles financieros con plan estratégico hasta 2030

Ecuador dio un paso clave en la lucha contra el lavado de activos al definir una hoja de ruta nacional hasta el año 2030, enfocada en fortalecer los controles financieros y enfrentar el financiamiento de actividades ilícitas.

Esta estrategia se enmarca en el Plan Nacional de Acción Estratégico 2026–2030, aprobado por el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos (CONCLAFT), el cual fue diseñado a partir de la Evaluación Nacional de Riesgos del país.

El plan será ejecutado mediante acciones anuales con seguimiento permanente, y busca mejorar la coordinación entre instituciones del Estado para combatir de forma más efectiva los flujos financieros ilegales.

Nuevas reglas y controles

Como parte de esta estrategia, el Gobierno también puso en vigencia un nuevo reglamento a la Ley de Prevención del Lavado de Activos, que introduce cambios importantes en el sistema financiero y económico.

Entre los principales ajustes están:

• Refuerzo de las obligaciones para bancos y sectores económicos
• Mayor control y análisis de operaciones inusuales o sospechosas
• Aplicación de un enfoque basado en riesgos
• Fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)

Estas medidas buscan cerrar brechas utilizadas por redes criminales para mover dinero ilícito dentro del sistema económico.

Coordinación y control estatal

Uno de los cambios más relevantes es la creación del CONCLAFT, un organismo que articula a distintas entidades del Estado para mejorar la respuesta frente al lavado de activos y el financiamiento del delito.

Además, se mantienen restricciones como los límites al uso de efectivo y se habilitan mecanismos para la inmovilización de fondos sospechosos, lo que permite actuar con mayor rapidez ante posibles delitos financieros.

Alineación internacional

El plan y las nuevas regulaciones están alineados con estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que busca fortalecer la credibilidad del país y su capacidad para enfrentar el crimen organizado a nivel global.

Este avance se da en un contexto donde el Gobierno ha intensificado su lucha contra las economías criminales, vinculadas al narcotráfico, corrupción y delincuencia organizada, que utilizan el sistema financiero para legitimar recursos ilícitos.