Falla la audiencia del caso Nene por ausencia de la defensa del hijo de Verónica Abad

La reinstalación de la audiencia de juzgamiento del denominado caso Nene volvió a quedar suspendida este jueves 11 de diciembre, luego de que los abogados de Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, no comparecieran a la diligencia. Ante esta ausencia, el Tribunal de Juicio declaró fallida la audiencia y fijó nuevas fechas para continuar con el proceso penal: 17 y 18 de enero de 2026.

El proceso, que investiga el presunto delito de oferta de tráfico de influencias, ha enfrentado múltiples diferimientos. Aunque la etapa de juzgamiento se instaló el 10 de marzo y la jueza anticorrupción Karol Zambrano llamó a juicio a Francisco Sebastián B. A. y a Daniel Lenín R. P. en noviembre de 2024, el caso contra el exasesor permanece suspendido debido a su condición de prófugo, ya que este delito no puede ser juzgado en ausencia.

Zambrano determinó el llamado a juicio al considerar que existían suficientes elementos de convicción para que un Tribunal de Juzgamiento evaluara la responsabilidad de los procesados. Dicho Tribunal está conformado por los jueces anticorrupción Clara Soria (ponente), Andrés Muñoz y Jorge Sánchez.

Durante la diligencia preparatoria, el fiscal Leonardo Alarcón expuso el dictamen acusatorio basado en la denuncia de Romel P., quien señaló haber observado irregularidades durante su trabajo en la Vicepresidencia. Según la Fiscalía, Francisco Sebastián B. A. habría ofrecido un cargo a la víctima a cambio de entregar gran parte de su salario mensual.

Aunque el procesado asistió personalmente a la diligencia de este jueves, sus abogados Joffre Campaña Mora y Joffre Campaña Kuhn no lo hicieron. Por ello, la Sala declaró fallida la audiencia a costa de los defensores y dispuso remitir el caso al Consejo de la Judicatura, para posibles acciones disciplinarias por incumplimiento en el patrocinio.

Tras la suspensión, Francisco Sebastián B. A. denunció una supuesta persecución contra sus abogados, afirmando que uno habría sido allanado y encarcelado, otro secuestrado y el actual investigado por lavado de activos. También sostuvo que su caso responde a una “persecución política” y que la Fiscalía estaría actuando como “brazo ejecutor” del Ejecutivo.

De su lado, la Fiscalía mantiene que en juicio demostrará que el procesado habría contactado a la víctima para ofrecerle el cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia a cambio de pagos mensuales que inicialmente habrían sido de $2.000, reducidos luego a $1.500 tras una negociación. Además, señalan que la víctima incluso habría firmado una letra de garantía por $30.600.

La acusación fue llevada a esta etapa por el fiscal Carlos Leonardo Alarcón, actual fiscal general encargado. Para la continuación del juicio en enero, actuará el fiscal Denis Villavicencio.