Contraloría identifica irregularidades y responsabilidades por $84 millones en contratos del caso Progen

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional analiza varios informes de la Contraloría General del Estado relacionados con los contratos suscritos para los proyectos de generación eléctrica de Salitral, Quevedo y Catamayo, dentro de las investigaciones del caso Progen.

Durante una comparecencia ante la Comisión, la subcontralora Gabriela Sulca informó que los exámenes especiales realizados a estos contratos derivaron en sanciones administrativas para 22 personas.

La Contraloría también mantiene en análisis nueve informes que contienen posibles indicios de responsabilidad penal. De manera paralela, se realizan 49 exámenes patrimoniales a funcionarios relacionados con el caso; ocho ya fueron concluidos y otros 41 permanecen en proceso.

En cuanto a las responsabilidades civiles, la entidad determinó inicialmente $69,6 millones relacionados con los contratos de Salitral y Quevedo, mientras que otros $14,4 millones corresponden a responsabilidades vinculadas con la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA) por trabajos de repotenciación y supervisión en Catamayo.

En conjunto, las responsabilidades civiles identificadas ascienden a $84 millones. Según la subcontralora, estas recaerían sobre administradores de contrato, directores de unidades de negocio y personas vinculadas con el área financiera.

La Contraloría también detalló varias de las irregularidades encontradas en los procesos de contratación. Entre ellas constan que Progen no habría acreditado capacidad técnica suficiente, además de que se habrían omitido inspecciones necesarias para autorizar determinados pagos.

Los exámenes también identificaron inconsistencias en las pólizas de garantía y hasta pagos indebidos de viáticos, según la información expuesta ante la Comisión de Fiscalización.

La comparecencia forma parte de las diligencias que desarrolla la Asamblea para establecer la denominada ruta del dinero relacionado con los contratos de Progen. La Comisión también ha recibido información de instituciones como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

La Comisión de Fiscalización tiene previsto concluir la elaboración de su informe el viernes 28 de agosto de 2026.

Las investigaciones administrativas, civiles y penales continuarán por las distintas vías correspondientes, mientras las autoridades buscan determinar las responsabilidades individuales derivadas de las irregularidades detectadas en los contratos.