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La justicia de Colombia emitió un concepto favorable para la extradición del ciudadano colombiano de origen libanés Wisam Kherfan-Okde, requerido por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, lavado de activos y conspiración. El documento con la decisión, fechado el 20 de noviembre, fue difundido por AFP.
Según la acusación estadounidense, Kherfan-Okde formaba parte de un esquema transnacional que conectaba operaciones ilícitas entre Colombia, México, Panamá, Líbano, Siria, Ghana y Marruecos, trabajando con el cártel de Sinaloa y otras organizaciones narcotraficantes.
Intercambio de cocaína por armas de Siria
La investigación señala que Kherfan-Okde actuaba como enlace entre el ELN y el gobierno derrocado de Bashar al Asad, facilitando el envío de cocaína a cambio de armamento sirio, además de operar mecanismos de lavado de dinero por millones de dólares.
Estados Unidos identifica como líder de la estructura al libanés Antoine Kassis, detenido en Kenia a inicios de año y luego extraditado. Kherfan-Okde habría trabajado directamente con él.
Contexto del ELN y sus fuentes de financiamiento
El ELN, la guerrilla activa más antigua de América, sostuvo negociaciones de paz durante dos años con el gobierno de Gustavo Petro, pero los diálogos terminaron en enero debido a la continuidad de ataques por parte de la organización.
Expertos señalan que el grupo insurgente se financia mediante tráfico de cocaína, minería ilegal, robo de petróleo y secuestros extorsivos, en regiones donde mantiene presencia armada.
Colombia se mantiene como el principal productor de cocaína del mundo, según organismos internacionales.
Extradición en medio de tensiones Petro–Trump
La decisión de extradición ocurre en un momento de alta tensión diplomática entre el presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, quien recientemente excluyó a Colombia de la lista de aliados en la lucha contra el narcotráfico e impuso sanciones sobre Petro y parte de su círculo familiar.
El mandatario colombiano ha insistido en que las medidas son “injustas”, asegurando que bajo su administración se han registrado récords de incautaciones de drogas.
