El modelo Bukele se expande en América Latina mientras El Salvador revisa posibles liberaciones de presos
La estrategia de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, continúa influyendo en el debate político de América Latina. La construcción de megacárceles, el endurecimiento de las medidas contra las organizaciones criminales y las detenciones masivas se han convertido en referencias para gobiernos y dirigentes que prometen respuestas firmes frente a la inseguridad.
Table Of Content
- El Salvador revisará casos de unos 5.000 presos
- Denuncias de abusos y cuestionamientos al sistema penitenciario
- Ecuador adoptó elementos del modelo con la Cárcel del Encuentro
- Costa Rica inauguró una megacárcel de alta contención
- Megacárceles como propuesta política en Colombia y Perú
- Una estrategia que enfrenta resultados y cuestionamientos
Sin embargo, mientras otros países adoptan elementos de este modelo, el Gobierno salvadoreño anunció que revisará la situación de miles de personas detenidas bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
Según una publicación de Primicias del 20 de octubre de 2026, Bukele planteó evaluar posibles beneficios penitenciarios para una parte de los presos clasificados como colaboradores de pandillas. La medida no contempla una liberación generalizada y está sujeta a la revisión de cada caso.
El Salvador revisará casos de unos 5.000 presos
Desde la implementación del régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 96.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas. El Gobierno sostiene que esta política permitió reducir drásticamente los homicidios.
Según las cifras citadas por Primicias, la tasa de homicidios pasó de 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,3 en 2025. Al mismo tiempo, el país registraba alrededor de 120.956 personas privadas de libertad.
Bukele explicó que su Gobierno revisaría los expedientes de 10.629 personas clasificadas como colaboradores casuales de las pandillas. De acuerdo con su estimación preliminar, cerca de la mitad podría acceder al programa Cero Ocio, que contempla actividades de utilidad pública y mecanismos para acceder a beneficios penitenciarios.
El anuncio fue aclarado por el mandatario después de las primeras informaciones sobre una posible liberación anticipada. Por ello, la cifra de aproximadamente 5.000 personas corresponde a una estimación sujeta a revisión, no a una liberación ya ejecutada.
Denuncias de abusos y cuestionamientos al sistema penitenciario
La estrategia de seguridad salvadoreña también ha recibido críticas de organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
Según los datos recogidos por Primicias, organizaciones humanitarias han documentado más de 6.400 denuncias de presuntos abusos y 570 muertes de personas bajo custodia estatal durante la aplicación del régimen de excepción.
El director legal de Cristosal, Abraham Ábrego, cuestionó la forma en que el Gobierno ha descrito a las personas que podrían recibir beneficios y sostuvo que es necesario revisar los casos de detenidos que podrían no tener vínculos con las pandillas.
Además, un informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana situó la tasa de encarcelamiento de El Salvador en 1.963 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes al cierre de 2025, con un hacinamiento carcelario estimado en 261 %.
Estas cifras reflejan el alcance de la política de encarcelamiento y los desafíos relacionados con las condiciones penitenciarias, las garantías judiciales y la revisión de posibles detenciones injustificadas.
Ecuador adoptó elementos del modelo con la Cárcel del Encuentro
Ecuador figura entre los países que han incorporado elementos de la estrategia salvadoreña a sus políticas de seguridad. El presidente Daniel Noboa promovió la construcción de una prisión de máxima seguridad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), de El Salvador.
La Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, fue construida con un presupuesto de $52 millones y tiene capacidad para 800 personas privadas de libertad.
En noviembre de 2025 se trasladó a los primeros 300 internos al centro penitenciario, bajo custodia militar y con medidas de seguridad que recordaron las imágenes difundidas desde las cárceles salvadoreñas.
La apuesta ecuatoriana forma parte de una política más amplia de endurecimiento de las medidas contra las organizaciones criminales. Sin embargo, la construcción de centros penitenciarios, por sí sola, no permite establecer la efectividad de una estrategia de seguridad: también deben evaluarse los resultados en reducción de delitos, el control de las cárceles y el funcionamiento de la justicia.
Costa Rica inauguró una megacárcel de alta contención
Costa Rica se sumó a esta tendencia el 15 de octubre de 2026, cuando la presidenta Laura Fernández inauguró el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).
La prisión tiene capacidad para 5.100 personas y representó una inversión de $35 millones. El Gobierno costarricense recibió asistencia técnica de El Salvador para desarrollar el proyecto.
Las autoridades presentan el centro como una herramienta para aislar a integrantes de organizaciones criminales y reforzar el control penitenciario. No obstante, especialistas han advertido que las condiciones de seguridad y las estructuras delictivas de Costa Rica son diferentes de las que enfrenta El Salvador, por lo que los resultados no necesariamente serán equivalentes.
La inauguración también reavivó el debate sobre las condiciones de reclusión, los criterios para clasificar a los internos y las garantías que deben acompañar las medidas de alta seguridad.
Megacárceles como propuesta política en Colombia y Perú
El modelo también aparece en las propuestas de dirigentes de otros países de la región.
En Colombia, Abelardo de la Espriella ha planteado construir diez megacárceles inspiradas en la estrategia salvadoreña. En Perú, Keiko Fujimori ha ofrecido construir cinco centros penitenciarios de este tipo.
En Chile, José Antonio Kast ha solicitado cooperación de Bukele para mejorar el sistema carcelario y se han aplicado medidas de traslado de presos considerados de alta peligrosidad.
La expansión de estas propuestas demuestra que las cárceles de máxima seguridad y las políticas de mano dura ocupan un lugar destacado en las discusiones sobre seguridad pública. Sin embargo, su implementación exige considerar las condiciones institucionales, la capacidad del sistema judicial, el presupuesto y las obligaciones de derechos humanos de cada país.
Una estrategia que enfrenta resultados y cuestionamientos
La experiencia salvadoreña combina una reducción pronunciada de los homicidios con un aumento significativo de la población penitenciaria y denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos.
Mientras Ecuador y Costa Rica desarrollan sus propios proyectos carcelarios y otros dirigentes incluyen las megacárceles en sus propuestas, El Salvador comienza a revisar parte de los casos derivados de su política de detenciones masivas.
El alcance de los beneficios penitenciarios anunciados por Bukele y los resultados de los centros de alta seguridad en otros países serán elementos relevantes para evaluar la evolución de este modelo en América Latina.
Fuente: Primicias
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