Ecuador

Dos jueces del caso Villavicencio denuncian amenazas e intimidación

Dos jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que conocen procesos relacionados con el asesinato de Fernando Villavicencio, denunciaron haber sido víctimas de amenazas e intimidaciones durante el último año. Se trata de los magistrados Maritza Romero y Marco Navarrete, quienes sentenciaron por tenencia de armas a Luis Arboleda, alias Gordo Luis, quien este viernes será vinculado al denominado caso Magnicidio FV.

Ambos jueces enviaron oficios al ministro del Interior, John Reimberg, y al presidente del Consejo de la Judicatura, alertando sobre los recientes hechos, incluido el más reciente ocurrido el pasado jueves. Según los documentos remitidos, las amenazas provienen de números internacionales, específicamente desde Estados Unidos. Ante ello, solicitaron un refuerzo integral de seguridad, tanto personal como laboral, y la ejecución de un barrido electrónico especializado en sus oficinas y vehículos. Señalan la sospecha de una posible filtración de información, así como la instalación de dispositivos de vigilancia, interceptación o geolocalización.

Los jueces sostienen que, pese a contar desde febrero con una seguridad temporal —un uniformado que los acompaña—, su nivel de riesgo ha aumentado considerablemente, al igual que la amenaza hacia sus familias, por lo que consideran que existe un peligro inminente.

Además del proceso contra alias Gordo Luis, los magistrados también tienen bajo su conocimiento la causa de María Daniela Ayala, jueza que inicialmente manejó el proceso por la presunta autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Ayala no dio paso a la prisión preventiva de los procesados Xavier Jordán y José Serrano, fue suspendida, y actualmente enfrenta denuncias presentadas por las hijas del exasambleísta y por el Ministerio del Interior.

Ahora, los jueces Maritza Romero y Marco Navarrete deberán resolver si existe manifiesta negligencia o error inexcusable por parte de la jueza Ayala, lo que podría llevar a su destitución, o si será absuelta, en cuyo caso retomaría sus funciones y volvería a conocer el caso Magnicidio FV.

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