El Ministerio de Trabajo aceptó las medidas cautelares dictadas por la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Santa Rosa en las que se revoca todo lo actuado por el inspector del trabajo que tenía a cargo el proceso del pliego de peticiones presentado por el Sindicato de Obreros del Gobierno Provincial de El Oro.
El funcionario, que fue separado de la causa por presuntas irregularidades, ordenaba el pago de más de siete millones de dólares a los obreros sindicalizados de la Prefectura por concepto de supuestas conquistas laborales (décimo quinto y décimo sexto contrato colectivo).
La medida cautelar, dictada por la jueza, alegaba violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, y solicitaba suspender el procedimiento, designar a un nuevo inspector de trabajo y dejar sin efecto la orden de pago.
El prefecto de El Oro y aspirante a la reelección, Clemente Bravo Riofrío, criticó que el conflicto con los obreros sindicalizados del Gobierno Provincial haya sido politizado con fines electorales. Lamentó que los candidatos se aprovechen de un tema tan delicado, para captar votos, prometiendo cancelar un contrato colectivo inexistente.
Uno de ellos es el exprefecto Esteban Quirola, quien agravó el conflicto obrero-patronal en abril de 2017, cuando su administración interpuso una acción extraordinaria de protección contra la aprobación del décimo sexto contrato colectivo, que ahora, promete pagar.
Dijo que los obreros del Sindicato se están dejando engañar y manipular por quienes, en su momento pudieron solucionar este tema y no lo hicieron, y ahora, se acogen del mismo como maniobra desesperada de campaña. “Les prometen pagar el décimo sexto contrato colectivo cuando hay una resolución de la Corte Constitucional que deja sin efecto el mismo”, recalcó.
