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La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) presentó un nuevo proyecto de enmienda constitucional con el que busca modificar el artículo 35 de la Constitución y retirar a las personas privadas de libertad del listado de grupos de atención prioritaria.
La propuesta fue ingresada este lunes, 8 de diciembre, por la asambleísta Lucía Pozo, representante de la provincia del Carchi.
Actualmente, el artículo 35 incluye —entre otros grupos— a los adultos mayores, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas privadas de libertad, quienes reciben atención prioritaria en los ámbitos público y privado. El proyecto plantea eliminar a los privados de libertad de esta categoría y reformular la forma en que se reconocen sus derechos.
Además, la iniciativa propone trasladar el artículo 51, que detalla siete derechos específicos para las personas privadas de libertad, al artículo 78, referente al sistema de protección y asistencia para víctimas, testigos y participantes procesales.
Pozo explicó que se incluiría un nuevo numeral 8 en el artículo 78.1, destinado exclusivamente a los derechos de quienes se encuentran en privación de libertad, pero bajo el enfoque de protección especial y dignidad humana, con las limitaciones inherentes a su situación jurídica.
La legisladora enfatizó que el objetivo no es una reducción de garantías ni un retroceso constitucional.
“Bajo ningún concepto estamos hablando de regresión de derechos”, precisó Pozo, quien reiteró que simplemente se busca reubicar el marco normativo que regula estos derechos.
La propuesta surge después de que el presidente Daniel Noboa anunciara que, tras los resultados del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre, impulsaría cambios vía enmienda para su trámite en la Asamblea Nacional.
Sin embargo, esta iniciativa ya fue intentada en 2024, cuando la Corte Constitucional determinó que no podía tramitarse como reforma parcial, al considerar que implicaba una restricción de derechos, prohibida por los artículos 11 y 84 de la Constitución.
El correísmo reaccionó tras conocer la propuesta. Juan Andrés González, coordinador encargado de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), señaló que revisarán el proyecto antes de fijar una postura.
“Si beneficia al pueblo ecuatoriano, estaremos a la vanguardia”, afirmó, aunque advirtió que el Ejecutivo “no ha aprendido nada de la respuesta del pueblo en las urnas”.
El proyecto deberá ser analizado primero por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y, de ser calificado, la Corte Constitucional deberá emitir un dictamen de viabilidad antes de que pueda seguir su trámite legislativo.
