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Por primera vez en más de 10 años, la Revolución Ciudadana (RC) no tendrá mayoría en la Asamblea Nacional. Esto se evidenció durante la primera sesión en el Pleno, cuando los legisladores del oficialismo resultaron electos para ocupar las principales dignidades del Parlamento.
Niels Olsen es el nuevo presidente, Mishel Mancheno fue electa como vicepresidenta y Carmen Tiupul quedó como segunda vicepresidenta. Los dos primeros pertenecen a Acción Democrática Nacional (ADN) del presidente Daniel Noboa. La tercera es de Pachakutik (PK), el brazo político del movimiento indígena, cuyos legisladores, hace dos semanas, se reunieron con el ministro de Gobierno, José De la Gasca, para lograr acuerdos.
La elección de las nuevas autoridades legislativas provocó que, en medio de la sesión de ayer, los asambleístas de la RC se retiren del hemiciclo y se queden únicamente los del oficialismo. A esto se suma otro síntoma de que algo pasa al interior de esta tienda política: la creación la Bancada de la Gente con legisladores del correísmo.
Su coordinador es Jaime Estrada y el suplente Raúl Chávez, una de las principales figuras de Reto, el movimiento que se alió al correísmo en la búsqueda de la Presidencia de la República y que apoyó a Luisa González en los comicios. De lo que se conoce, este bloque se plantea como una nueva opción en el Órgano Legislativo, pero no se suman a la RC o ADN.
“Ecuador requiere una mayor amplitud, necesita tener capacidad de diálogo para seguir avanzando, lo que no quiere decir en ningún momento que existe algún problema con la bancada total. Son elucubraciones”, expresó Chávez.
De igual forma, la exparlamentaria de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, quien ahora es prefecta del Guayas y considerada como uno de los cuadros políticos más importantes de esa tienda política, también marcó distancias. «No estoy de acuerdo con lo que piensa Rafael Correa en este momento», dijo en una entrevista con Ecuavisa.
Cuando le preguntaron sobre una eventual retirada de la RC, ella dijo: “Me lo voy a replantear en los próximos días y luego de eso decidiré cuál será mi camino político”.
Esta postura no va de la mano con las últimas declaraciones de Luisa González Alcívar, excandidata presidencial de la RC, quien continúa insistiendo en que hubo un supuesto “fraude institucional”.
Para el analista político y catedrático Alfredo Espinosa, existe un debilitamiento sistemático y progresivo del correísmo, el cual se manifiesta principalmente desde la gestión del expresidente Lenín Moreno. «Es víctima de su propia creación, de una Constitución con tintes autoritarios y muchas declaraciones que generan altas expectativas, pero de acuerdo a la nueva normalidad del país, eso queda profundamente desfasado».
Los escenarios a futuro
El Gobierno ha dicho que existe un acuerdo con PK y uno de los mayores críticos fue el presidente de la Conaie, Leonidas Iza. Esto fue una muestra de la escasa o nula comunicación del máximo líder del movimiento indígena con los legisladores electos, pues Pachakutik respondió con un comunicado diciendo que la reunión con el Gobierno fue protocolaria, y hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo con el Ejecutivo, ni con otro sector.
Esta situación podría resolverse entre junio y máximo julio de 2025. La razón: el movimiento indígena decidirá en un Congreso si mantiene a Iza como presidente. La situación radica en que una facción lo respalda, pero otra busca un cambio.
Fernando Guamán, presidente de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich), ha manifestado su descontento con Iza por el acuerdo programático que firmaron Pachakutik y Revolución Ciudadana. «Ha perdido el liderazgo, ha perdido la autoridad, ha perdido la legitimidad en las estructuras del movimiento indígena y eso genera reacción de las bases. Para la buena marcha de la Conaie debe convocar al Congreso y que se elija al nuevo presidente».
Si logra concretarse lo que busca el grupo de la Conaie con Guamán a la cabeza, Noboa podría gozar de un escenario a su favor y no tener paros o manifestaciones como las de octubre de 2019 y junio de 2022.
Otro punto de quiebre es el proceso de revocatoria del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien ha cuestionado de forma recurrente la falta de asignación de recursos por parte del Gobierno a las alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales. De hecho, el pasado 31 de diciembre hizo referencia a los más de USD 120 millones que el Gobierno no entrega al Municipio desde hace cinco meses.
Dijo que es una deuda con los quiteños y esos recursos tienen que llegar no como un favor, sino como una obligación constitucional y legal. Insistió en que ese pago es obligatorio. Podrán demorarse un poco porque tienen que arreglar los números en términos fiscales, pero esos recursos tienen que llegar a Quito, a todas las ciudades, así como las provincias y las juntas parroquiales.
