Radio
Para el año 2025, la Asamblea Nacional tendría que tramitar al menos una docena de solicitudes de juicios políticos contra ministros, exsecretarios de Estado, una consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en el marco de su labor de fiscalización y control político.
Las actividades de la Comisión de Fiscalización en este 2024 concluyeron con dos casos.
Primero, la aprobación del informe que recomienda al pleno de la Asamblea Nacional el inicio del juicio político en contra del consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Juan Esteban Guarderas, acusado de incumplimiento de funciones. Él fue censurado y destituido el pasado viernes 23.
Ese mismo día, la mesa negó el pedido de juicio político en contra del excanciller Gustavo Manrique por estar fuera del plazo legal, pero igual envió su resolución al pleno para que decida si se continúa o no.
En todo el 2024, incluido el proceso contra el consejero Guarderas, se tramitaron trece solicitudes de juicio político, de los cuales cinco fueron en contra de vocales y exvocales del Consejo de la Judicatura, cuatro contra exministros de Estado, dos contra actuales ministras del Gobierno de Daniel Noboa, uno contra un consejero del CPCCS y un vocal del TCE, aunque este último se archivó antes de iniciarse el proceso porque se retiraron las firmas de respaldo.
Juicios pendientes
En la lista de solicitudes de juicio político, que fueron calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y notificadas a la Comisión de Fiscalización, presidida por Pamela Aguirre, constan seis procesos:
- El juicio a Gustavo Manrique Miranda, exministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, fue motivado por la legisladora de ADN Jadira Bayas. El CAL calificó el proceso el pasado 24 de junio de 2024. Bayas sostiene que el canje de deuda por $ 1.100 millones para la conservación en las islas Galápagos que impulsó Manrique genera un perjuicio para el Estado, pues cada año se deben pagar $ 18 millones por intereses y no hay garantía de que los fondos vayan a ser utilizados solo para Galápagos.
- El segundo proceso de juicio será contra el juez electoral Fernando Muñoz Benítez, impulsado por el asambleísta Roberto Cuero, de la bancada de la Revolución Ciudadana. Lo acusa de interferir en el proceso en el cual se analizaba la sanción por una presunta falta electoral que habría cometido el exalcalde de Quito Jorge Yunda. En su pedido constan tres causales: vulnerar la independencia judicial, vulnerar el principio de celeridad procesal y arrogarse funciones. El Consejo de Administración legislativa calificó el juicio el pasado 18 de julio.
- La tercera solicitud de juicio pendiente es en contra de la consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Johanna Verdezoto, planteado por la legisladora Ana Cecilia Herrera (RC) por supuesto incumplimiento de funciones derivado en un conflicto de intereses en el concurso para la designación del defensor público, y que además enfrenta una denuncia por concusión y perjurio vinculada con un contrato de arrendamiento, con lo cual habría incumplido la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Orgánico Administrativo. El CAL calificó este proceso el 10 de octubre de 2024.
- El 23 de octubre, el Consejo de Administración Legislativa calificó el juicio en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública y Gabinete Presidencial en el gobierno de Guillermo Lasso. Fue presentado por el legislador José Vallejo Ayala, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), por supuesto incumplimiento de funciones al ejercer un cargo público cuando mantenía contratos con el Estado, pues el expediente hace alusión a que en la declaración patrimonial juramentada de inicio de gestión como secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia declaró contar con acciones y participaciones en las empresas Cratel C. A. y Teleamazonas.
- El Consejo de Administración Legislativa, el 22 de noviembre de 2024, calificó el juicio político en contra de la exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, Sofía Hernández Naranjo, a quien el asambleísta Xavier Jurado, de la bancada ADN, acusa de incumplir funciones al no llevar a cabo los controles necesarios objeto de su competencia en la supervisión de las organizaciones del sector no financiero, falta de control y supervisión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, y por haber emitido una resolución que deja sin control a las cajas comunales.
- También el 22 de noviembre de 2024, el CAL calificó la solicitud de juicio político impulsada por varias legisladoras de las bancadas RC, PSC, Pachakutik y SUMA en contra de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, acusada de seis incumplimientos en sus funciones relacionadas con el sumario administrativo que suspendió por 150 días a la vicepresidenta Verónica Abad.
Juicios anunciados
En la semana previa a Navidad, el asambleísta Jorge Peñafiel, de la bancada Construye, anunció el inicio de un proceso de juicio en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, cuyas causales serían incumplimiento de funciones al vulnerar el principio de independencia judicial por intimidación y amenazas a la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia de Quito Nubia Vera.
También los asambleístas en la sesión plenaria 994, del 23 de diciembre, con 87 votos a favor, aprobaron una resolución que recomienda iniciar juicios políticos en contra de cinco funcionarios del Gobierno de Daniel Noboa Azín por incumplimiento de funciones en la contratación de las barcazas para enfrentar la crisis energética y negligencia en el sistema hospitalario público del país.
Estos cinco juicios son el resultado de un informe presentado por la comisión ocasional para la investigación de irregularidades en contra de la administración pública presidida por el legislador de Construye Jaime Moreno Félix, en la que realizó ocho procesos de fiscalización a distintas instituciones públicas y recomienda iniciar cinco juicios políticos contra exministros y actuales ministros de Estado.
Los ministros que serían llamados a juicio político son los siguientes: ministro de Salud, Antonio Naranjo Paz y Miño, y el exministro Franklin Encada, por supuesta deficiencia y negligencia en la gestión administrativa y financiera del sistema nacional de salud.
La comisión ocasional fiscalizó el proceso de contratación de barcazas para la generación termoeléctrica y, según los asambleístas comisionados, se detectaron presuntas irregularidades y recomiendan el inicio de juicios políticos en contra de los exministros encargados de Energía y Minas Roberto Luque y Antonio Goncalves.
Asimismo investigó los reclamos que existen en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar, por los procesos de explotación minera, donde no se habría tomado en cuenta en la consulta ambiental a los comuneros y dirigentes del sector, por lo que desde la comisión ocasional legislativa se recomienda iniciar un juicio político a la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, por violación del debido proceso del derecho a la consulta ambiental y la inaplicación de la consulta previa libre e informada de los habitantes de la comunidad.
