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A poco más de un mes desde que el Tribunal Penal dictó sentencia oral en el denominado Caso Las Malvinas, no ha sido elaborado ni publicado el documento oficial con el fallo escrito contra 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
El 22 de diciembre de 2025, tras seis semanas de audiencias, el tribunal encontró a 11 de los uniformados culpables de desaparición forzada en la muerte de los menores Josué, Ismael, Nehemías y Steven, y les impuso penas de 34 años y ocho meses de prisión; a otros cinco que colaboraron eficazmente les fijó 30 meses de cárcel.
Sin embargo, no ha sido escrito ni oficializado el acta final con el fallo para su inscripción en el sistema judicial y efectos legales plenos, lo que impide que ciertas acciones derivadas de la sentencia —como el cálculo de plazos, cumplimiento de penas, procedimientos administrativos y recursos de las partes— se ejecuten plenamente, según fuentes judiciales.
Implicaciones del retraso
El fiscal que sigue el caso ha señalado que, desde el punto de vista jurídico, la sentencia oral ya tiene efecto inmediato y el Tribunal dictó su fallo, lo que permite que los condenados cumplan prisión preventiva. Sin embargo, la ausencia del documento escrito limita aspectos procesales formales y complica la presentación de solicitudes de ampliación o aclaración que buscan los abogados de las familias de las víctimas.
En el sistema de la Función Judicial, no figura aún el acta final ni el dictamen del Tribunal Penal. Lo que sí existe —según revisiones recientes de documentación pública— es un escrito de la defensa de un teniente coronel absuelto, que solicita el levantamiento de medidas cautelares como la retención de cuentas bancarias; ese documento fue subido por error al expediente electrónico mientras se espera la sentencia formal.
Contexto y antecedentes del caso
El caso judicial se remonta a la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando cuatro menores fueron interceptados por una patrulla militar en el sector de Las Malvinas, sur de Guayaquil, y posteriormente trasladados en un vehículo oficial. Días después, sus cuerpos fueron encontrados carbonizados en un manglar de Taura.
La Fiscalía presentó pruebas que incluyen videos donde se ve a los menores amedrentados y golpeados por integrantes de la FAE, además de chats entre uniformados, exámenes forenses que determinaron tortura y muerte, y otros elementos testimoniales y documentales.
El proceso fue tenso y complejo, con alegatos finales basados en peticiones de penas que llegaron hasta 34 años y ocho meses de cárcel por desaparición forzada.
Investigación paralela por secuestro con resultado de muerte
Además del proceso por desaparición forzada que concluyó con sentencia oral, existe una investigación por el presunto delito de secuestro con resultado de muerte, abierta desde diciembre de 2024. Según organizaciones de derechos humanos, esa investigación está estancada y sin resultados concretos, lo que motivó una denuncia formal contra la fiscal que manejó el inicio del caso ante el Consejo de la Judicatura, señalando deficiencias en la motivación y derivación del expediente hacia unidades especializadas.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ha advertido que la falta de avances en esa línea investigativa podría perjudicar la búsqueda de verdad y justicia completa sobre lo ocurrido con los cuatro jóvenes.
