El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha emitido una directriz para la campaña electoral de 2025, que prohíbe a las autoridades en funciones inducir al voto en cualquier momento. Esta medida sigue a la sanción de USD 9 mil impuesta al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por promover la candidatura de Luisa González en 2023.
El TCE aclaró que las autoridades no pueden desvincularse de su cargo ni aprovechar la exposición mediática que este les otorga para influir en los votantes, lo que podría generar un desequilibrio en la contienda electoral. Esta regla afecta directamente a alcaldes, prefectos y otros funcionarios que aspiran a la reelección o a un nuevo cargo, como el presidente Daniel Noboa, quien deberá solicitar licencia sin sueldo antes del inicio de la campaña electoral el 5 de enero de 2025.
Además, los legisladores que busquen la reelección, como Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, deberán renunciar a su cargo un día antes de inscribir su candidatura, cumpliendo con lo estipulado por la normativa electoral.