Superintendencia detecta 127 entidades fantasmas que captaban dinero en Ecuador

La Superintendencia de Bancos (SB) informó que entre 2025 y 2026 identificó 127 entidades fantasmas que no contaban con autorización para realizar actividades de intermediación financiera en Ecuador. Estas organizaciones buscaban captar recursos del público mediante engaños y ofertas de inversiones o créditos rápidos.

El superintendente de Bancos, Roberto Romero, explicó que varias de estas estructuras se presentaban como bancos y utilizaban redes sociales, páginas web y sistemas digitales para atraer clientes. Algunas incluso habrían instalado agencias físicas para aparentar que se trataba de entidades financieras legítimas.

Romero señaló que la Superintendencia detecta nuevas entidades de este tipo todas las semanas y que los casos son reportados a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

La autoridad también alertó sobre las consecuencias que enfrentan algunas personas que recurren al crédito informal. En determinados casos, los afectados terminan pagando tasas de interés superiores al 1.000 % anual y pueden incluso recibir amenazas si no cumplen con los pagos.

Uno de los casos detectados llamó especialmente la atención de la Superintendencia: sin revelar el nombre de la empresa, Romero indicó que una de estas entidades habría conseguido estafar cerca de $50 millones a sus clientes.

El funcionario estimó además que el mercado de crédito informal manejado por agiotistas o “chulqueros” podría superar los $10.000 millones, aunque aclaró que las autoridades mantienen acciones para combatir este tipo de actividades.

Aumentan los reportes de operaciones sospechosas

La Superintendencia también informó sobre un incremento de los reportes de operaciones sospechosas dentro del sistema financiero supervisado.

En 2022 se registraron 4.224 reportes; en 2023 fueron 4.516 y en 2024 llegaron a 5.408. Para 2026, la cifra alcanza 7.890 reportes, lo que representa un crecimiento del 86,79 % frente a 2022.

Romero aclaró que un reporte de operación sospechosa no significa necesariamente que se haya cometido un delito, ya que esa determinación corresponde a las investigaciones posteriores. Según datos citados de la UAFE, durante el año anterior los montos asociados a estos reportes estuvieron entre $1.200 millones y $1.600 millones.

Alrededor del 70 % de estos reportes provienen del sector financiero. Sin embargo, existen más de 23.000 sujetos obligados a reportar operaciones, entre ellos notarías, inmobiliarias y estudios jurídicos.

La Superintendencia señaló que las entidades bancarias han realizado inversiones importantes en sistemas tecnológicos y mecanismos de perfilamiento de clientes para detectar operaciones inusuales y reducir el riesgo de que sus plataformas sean utilizadas para actividades ilícitas.

Las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía a verificar que una institución financiera esté autorizada por la Superintendencia de Bancos antes de entregar dinero, solicitar créditos o realizar inversiones.