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El Consejo Federal de Suiza resolvió este lunes, 5 de enero, congelar de manera inmediata cualquier activo que el expresidente venezolano Nicolás Maduro y personas asociadas a él mantengan en ese país, con el objetivo de evitar una eventual salida de fondos en medio del actual contexto de crisis política en Venezuela.
La medida fue adoptada como una acción preventiva bajo la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos de Personas Políticamente Expuestas en el Extranjero (FIAA, por sus siglas en inglés). Las autoridades suizas aclararon que la disposición no afecta a miembros del actual Gobierno venezolano.
El anuncio se produce días después de que, el pasado 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro fuera detenido en Caracas durante una operación de fuerzas estadounidenses y posteriormente trasladado a Estados Unidos.
Ante un escenario que calificó como “volátil”, el Gobierno suizo indicó que mantiene un seguimiento permanente de la situación y reiteró su llamado a la desescalada del conflicto, a la contención y al respeto del derecho internacional, incluida la prohibición del uso de la fuerza y el principio de integridad territorial.
El Consejo Federal explicó que el congelamiento de activos busca garantizar que eventuales fondos de origen ilícito no puedan ser transferidos fuera del sistema financiero suizo mientras se evalúan posibles procesos judiciales en el futuro.
Asimismo, precisó que las causas de la salida de Maduro del poder no son determinantes para la aplicación de la FIAA. El factor clave, subrayó el comunicado oficial, es que se ha producido una caída del poder que abre la posibilidad de acciones legales por parte del país de origen.
Según las autoridades, esta medida permitirá facilitar futuros procesos de cooperación judicial internacional. En caso de comprobarse que los fondos fueron obtenidos de manera ilícita, Suiza aseguró que procurará que esos recursos sean restituidos en beneficio del pueblo venezolano.
El congelamiento entra en vigencia de forma inmediata y tendrá una duración inicial de cuatro años, salvo que se disponga lo contrario.
