Reimberg relaciona los motines en dos cárceles con la detención de Luisa González, pero no presenta pruebas
El ministro del Interior, John Reimberg, se pronunció sobre los amotinamientos registrados el jueves 22 de octubre en dos centros penitenciarios del país y planteó públicamente una posible relación temporal entre los hechos violentos y la detención de Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana.
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A través de su cuenta en la red social X, el funcionario destacó que los incidentes carcelarios ocurrieron el mismo día en que González fue detenida en la provincia de Manabí, dentro de una investigación fiscal denominada caso Laberinto.
“¿Casualidad? Que cada quien saque sus conclusiones”, escribió Reimberg, quien también advirtió que el Gobierno no permitirá que el crimen organizado ni sus presuntos aliados políticos desafíen al Estado.
No obstante, el ministro no expuso elementos que permitieran confirmar que los amotinamientos estuvieran coordinados con la detención de la excandidata o que existiera una relación causal entre ambos acontecimientos.
Ocho fallecidos y diez heridos en dos centros penitenciarios
Los incidentes se registraron en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1, en Latacunga, y en el Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha N.º 1, conocido como la cárcel de El Inca, en Quito.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) confirmó que cuatro personas privadas de libertad fallecieron en cada establecimiento, lo que elevó a ocho el número total de víctimas mortales.
En la cárcel de El Inca, además, diez personas resultaron heridas y recibían atención médica, según el reporte institucional.
En Cotopaxi, los informes iniciales señalaron que tres internos murieron por impactos de bala, mientras que un cuarto fue encontrado con señales de estrangulamiento. Durante las intervenciones también se reportó el hallazgo de armas de fuego.
Las autoridades informaron que los presuntos involucrados en los hechos fueron identificados y que serían trasladados a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.
La detención de Luisa González y el caso Laberinto
González fue detenida durante la madrugada del 22 de octubre en Canuto, localidad de la provincia de Manabí donde creció. La Fiscalía la investiga en el denominado caso Laberinto, relacionado con presuntas irregularidades en el financiamiento y los gastos de publicidad de su campaña presidencial de 2023.
La investigación busca determinar el origen de recursos utilizados durante ese proceso electoral y establecer si existieron aportes que no fueron debidamente declarados.
Según la información publicada por Ecuavisa, el expediente se originó tras la remisión de antecedentes del Tribunal Contencioso Electoral a la Fiscalía por irregularidades vinculadas con las cuentas de campaña. Posteriormente, la investigación pasó a centrarse en un presunto delito de lavado de activos.
Las acusaciones forman parte de una investigación en curso y deberán ser examinadas dentro del procedimiento judicial. La detención y la investigación no equivalen, por sí mismas, a una declaración de culpabilidad.
El correísmo cuestiona el procedimiento
Tras conocerse la detención, dirigentes de la Revolución Ciudadana rechazaron el procedimiento y cuestionaron la actuación de las autoridades.
González calificó de absurda la acusación en un comunicado, mientras que la presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, denunció lo que consideró una actuación arbitraria del Gobierno y anunció que solicitarían medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Estas declaraciones se producen en medio de una nueva confrontación política entre el Gobierno de Daniel Noboa y la principal fuerza opositora del país.
Las investigaciones deberán esclarecer los motines
La coincidencia temporal entre la detención de González y los incidentes penitenciarios motivó el pronunciamiento del ministro del Interior, pero establecer una relación entre ambos hechos requiere evidencia verificable.
Hasta el momento de la publicación de Ecuavisa, no se habían presentado pruebas que confirmaran que los amotinamientos fueron una reacción organizada al arresto de la excandidata presidencial.
Las investigaciones deberán determinar las causas de la violencia en los centros penitenciarios, identificar las responsabilidades individuales y establecer si existió coordinación entre los participantes.
Mientras tanto, los hechos vuelven a poner en el centro del debate la seguridad de las cárceles ecuatorianas y la necesidad de esclarecer tanto los episodios violentos como las circunstancias que rodearon la detención de González.
Fuente: Ecuavisa
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