Caso Laberinto: Luisa González fue multada con $ 6.000 por irregularidades en las cuentas de su campaña de 2023
Las presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana (RC) tienen antecedentes en la justicia electoral. Antes de la investigación penal conocida como caso Laberinto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó denuncias por inconsistencias en los informes económicos de esa campaña, que posteriormente fueron analizadas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
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Según una publicación de El Universo del 23 de octubre de 2026, de las cuatro denuncias relacionadas con las cuentas electorales de la Revolución Ciudadana, una terminó con una sanción, mientras que otras no prosperaron por distintos motivos, entre ellos la prescripción de las acciones.
La sanción que involucró a la excandidata presidencial Luisa González se convirtió en uno de los antecedentes del expediente que posteriormente fue remitido a la Fiscalía General del Estado.
¿Por qué fue sancionada Luisa González?
El 7 de abril de 2026, el juez electoral Guillermo Ortega aceptó una denuncia presentada por la entonces presidenta del CNE, Diana Atamaint, contra Estefanía Molina, responsable del manejo económico de la campaña; Luisa González, representante legal del movimiento y candidata presidencial; y Andrés Arauz, candidato a la Vicepresidencia.
La denuncia se relacionó con inconsistencias detectadas en las cuentas de la campaña presidencial de 2023. Entre las observaciones constaban gastos de publicidad que no habrían sido reportados correctamente, documentación incompleta y aportes cuyo origen no estaba debidamente respaldado.
La resolución estableció una multa total de $ 18.000. De ese monto, González, Arauz y Molina pagaron $ 6.000 cada uno, luego de que el Pleno del TCE ratificara la sentencia en segunda instancia.
El cumplimiento de la sanción económica no impidió que el expediente fuera remitido a la Fiscalía para que se examinaran posibles hechos con relevancia penal.
Las inconsistencias detectadas en las cuentas de campaña
Entre los hallazgos reportados por los organismos electorales figuraban gastos de propaganda que no constaban debidamente en los registros de campaña y aportes sin documentación suficiente para acreditar su procedencia.
El examen electoral identificó $ 174.930 en propaganda electoral que no habría sido declarada, así como dos aportes por $ 3.500 y $ 2.900 que carecían de respaldo documental, para un total de $ 6.400.
También se señalaron problemas administrativos y contables, como la apertura tardía de la cuenta bancaria única electoral, la obtención extemporánea del Registro Único de Contribuyentes (RUC) y la falta de comprobantes de ingresos y egresos.
Estos hallazgos formaron parte del análisis de las cuentas electorales. Sin embargo, las observaciones administrativas y la sanción electoral no equivalen, por sí mismas, a una sentencia penal por lavado de activos.
¿Cómo llegó el expediente a la Fiscalía?
Después de la resolución del TCE, se dispuso remitir copias certificadas del expediente a la Fiscalía General del Estado. Esa documentación pasó a formar parte de los antecedentes de la investigación penal que posteriormente fue denominada caso Laberinto.
Según la información publicada por Primicias, el Tribunal remitió el expediente mediante un oficio fechado el 23 de junio de 2026. La Fiscalía registró posteriormente una noticia del delito por presunto lavado de activos.
La investigación penal busca establecer si recursos de origen presuntamente ilícito habrían sido utilizados para financiar la campaña presidencial de 2023 sin ser declarados ante los organismos de control electoral.
En esta causa se investiga a varias personas, entre ellas González, y se indaga el posible ingreso de recursos vinculados con actividades presuntamente ilegales de comercialización de hidrocarburos.
La Fiscalía deberá sustentar sus hipótesis con elementos probatorios y las personas investigadas conservan el derecho a la defensa y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.
Otras denuncias electorales no prosperaron
La publicación de El Universo señala que el CNE presentó cuatro denuncias relacionadas con distintas cuentas de campaña de la Revolución Ciudadana. No todas concluyeron con sanciones.
Algunas acciones fueron rechazadas porque se fundamentaban en resoluciones que habían sido anuladas, mientras que otras no avanzaron porque había prescrito el plazo legal para denunciarlas.
En determinados expedientes, las autoridades electorales remitieron antecedentes a la Contraloría y a la Fiscalía para que examinaran posibles responsabilidades por la actuación u omisión de funcionarios.
Estos procedimientos corresponden a causas distintas y no deben confundirse con la sanción electoral que originó el envío de documentación relacionado con el caso Laberinto.
La investigación penal sigue un procedimiento independiente
El caso Laberinto representa una nueva etapa en el examen de las presuntas irregularidades relacionadas con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023. Mientras la justicia electoral impuso una sanción por inconsistencias en las cuentas, la Fiscalía investiga si existió un delito de lavado de activos.
La diferencia es importante: la multa del TCE corresponde a una infracción electoral determinada dentro de ese procedimiento, mientras que la investigación penal debe establecer si los recursos cuestionados tuvieron origen ilícito y si se cometieron actos que encajen en el delito investigado.
El avance de la causa dependerá de las diligencias fiscales, los elementos presentados en el proceso y las decisiones que adopten los jueces competentes.
Fuente: El Universo
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