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Los recientes allanamientos vinculados al caso denominado “Caja Chica” han reactivado el debate sobre quién es legalmente responsable por el manejo de dinero en campañas electorales en Ecuador. Este tema está claramente regulado por el Código de la Democracia, la norma que rige las elecciones y financiamiento político en el país.
Responsables del dinero de campaña
Según el artículo 217 del Código de la Democracia, el responsable del manejo económico —la persona que recibe, registra y gestiona los fondos de campaña— debe emitir comprobantes por cada aporte y garantizar que todos los ingresos sean contabilizados de forma transparente.
La norma indica además que:
La organización política, el candidato o binomio, la lista y el jefe de campaña son solidariamente responsables por la administración de los fondos destinados a la campaña. Es decir, todos comparten responsabilidad en el uso adecuado de esos recursos.
Esto significa que no solo el responsable económico puede ser investigado o sancionado por irregularidades, sino también el propio candidato, binomio o el equipo de campaña si se evidencia mala conducta o mal manejo de fondos.
Obligaciones y sanciones
El Código de la Democracia obliga a:
Registrar y justificar el origen y monto de los recursos recibidos, sean aportes en dinero o especie.
Declarar y reportar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) los ingresos y gastos dentro del plazo establecido tras las elecciones.
Prohibir expresamente la recepción de aportes de origen ilícito o de personas jurídicas privadas, así como de personas con contratos o litigios con el Estado.
Si el CNE observa problemas en las cuentas presentadas, puede ordenar auditorías o remitir el caso a instancias como el Tribunal Contencioso Electoral o incluso a la Fiscalía para investigaciones adicionales.
Debate actual por caso “Caja Chica”
El debate se intensificó luego de que la excandidata presidencial Luisa González cuestionara por qué no ha sido investigada por la Fiscalía en relación con los allanamientos de domicilios vinculados al caso “Caja Chica”. En respuesta, Marcela Aguiñaga, quien fue presidenta del movimiento político en ese proceso, afirmó que la ley asigna la responsabilidad del manejo de fondos únicamente al responsable económico y al candidato, no automáticamente al presidente de un movimiento político si no formó parte de la gestión económica de la campaña.
