Este 17 de abril, la Presidencia comunicó que presentó ante Fiscalía “una denuncia por paralización del servicio público contra 22 saboteadores”. Además, informó que una investigación preliminar dio indicios de que funcionarios, incluyendo a la exministra Andrea Arrobo, “ocultaron intencionalmente información crucial” que terminó afectando al sistema nacional energético.

En el comunicado, explica que las primeras investigaciones indican que se suprimieron y deshicieron advertencias y alertas al Comité de Crisis Energética. Por ello, justifica que los apagones no se deben solo a circunstancias ambientales, sino a corrupción y negligencia.

Uno de los principales datos que se ocultó fue la condición crítica de los embalses de Mazar y Paute, los cuales tienen un nivel de almacenamiento operativo de 0%y 4%, respectivamente, según el informe.

Igualmente, que el caudal en la central Coca Codo Sinclair registró un déficit del 40% y que el déficit energético nacional se ubica entre 22 y 27 GWh diariamente, lo que ha afectado el desarrollo y productividad del sector eléctrico.