A través de un recurso de Habeas Data, la ONG Dignidad y Derecho, ha pedido sancionar al padre de la niña, a su defensa, a jueces y fiscales involucrados en el caso, por haber causado graves afectaciones a los derechos constitucionales de la menor.
También se menciona al Hospital General Monte Sinaí y demás actores que difundieron y continúan difundiendo información personal, íntima, confidencial y revictimizante de la menor.
La organización detalla que espera que la justicia resguarde la intimidad de la menor y que genere las sanciones correspondientes.
“No vamos a permitir que la información de una menor víctima de abuso sexual sea difundida indiscriminadamente por ningún actor social o ciudadano. Todo dato que permita identificarla así como lo relativo a su sintomatología y diagnóstico goza de protección constitucional y su difusión acarreará sanciones administrativas, civiles y penales”, advirtió la Abg. María de Lourdes Maldonado, directora de Dignidad y derecho.
El comunicado hace énfasis en la importancia de sentar un precedente jurídico para evitar cualquier acción que permita revictimizar a las víctimas de abuso.
A raíz de la denuncia de abuso sexual, el padre de la niña interpuso una demanda contra la psicóloga Betty Soria, quien emitió el informe de abuso y contra la madre de la menor por “falsificación y uso de documento público”.
CASO DE BETTY SORIA
“Mi sueño era que se haga justicia, no que se convierta en una pesadilla”, es la frase que utiliza la psicóloga Betty Soria para describir el proceso judicial que atraviesa luego de emitir el informe sobre el presunto abuso sexual perpetrado por el padre hacia su hija. Curiosamente, la denuncia en contra de la especialista ha avanzado más rápido que la propia investigación por agresión sexual.
Tanto la profesional, como la madre de la víctima podrían enfrentar hasta 7 años de cárcel, pues la defensa del padre asegura que el informe psicológico carece de sustento y “busca evitar que el padre vea a su hija”.
Organizaciones que defienden los Derechos Humanos han alertado que la denuncia por falsificación contra la madre y la psicóloga sería una estrategia para anular el caso de abuso sexual. Además, afirman que si el fallo es en contra de las mujeres, podría generar un “mal precedente”.
