Un pedido formal de remoción fue presentado contra la alcaldesa de Portovelo, Yulissa Aguilar, tras una denuncia ciudadana ingresada el lunes 6 de abril. El documento expone presuntas irregularidades administrativas que, según los denunciantes, justificarían su salida del cargo. La solicitud se sustenta en los artículos 335 y 336 del COOTAD, normativa que regula la remoción de autoridades de elección popular.

Entre los principales cuestionamientos consta la ejecución del plan maestro de agua potable, un proyecto que, según la denuncia, lleva más de siete años sin concluir. La obra habría sido contratada en 2019 con el Consorcio Río Amarillo y hasta la fecha no contaría con acta de recepción definitiva. Además, se señala la presunta falta de acciones frente a incumplimientos contractuales, sin registros de sanciones o procesos legales contra el contratista.

El documento también advierte sobre la adjudicación de nuevos contratos a personas o empresas vinculadas al mismo entorno empresarial, lo que, a criterio de los denunciantes, podría evidenciar un posible conflicto de intereses. A esto se suman cuestionamientos por supuesta falta de control en la ejecución de obras municipales y posibles inconsistencias en la rendición de cuentas, especialmente en relación con el proyecto de agua potable.

Otro punto incluido es la presunta creación de cargos fuera de la estructura institucional del Municipio, lo que podría contravenir la normativa administrativa vigente. Los denunciantes sostienen que no se habrían adoptado correctivos pese a advertencias previas sobre irregularidades en obras cantonales.

Con estos antecedentes, el Concejo Municipal deberá revisar la documentación y determinar si procede la remoción de la alcaldesa. Hasta el cierre de esta edición, no hubo pronunciamiento oficial de Aguilar ni del Municipio, pese a intentos de contacto realizados el martes 7 de abril. Ese mismo día, la alcaldesa participó en un acto público de entrega de maquinaria.