Pampa Energía recibió $84 millones del Estado tras liberación de garantías del OCP

La compañía argentina Pampa Energía, que operó el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), recibió $84 millones por parte del Estado ecuatoriano tras la liberación de garantías operativas y ambientales, cuya suspensión derivó en una demanda de arbitraje internacional contra Ecuador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

El ingreso de los recursos fue confirmado por la firma extranjera en su informe de resultados del tercer trimestre de 2025, publicado el 4 de noviembre, documento disponible en su sitio web. Hasta el momento, el Gobierno ecuatoriano no ha hecho pública información oficial sobre la transferencia.

Según el reporte, el 30 de noviembre de 2024, la empresa OCP Ecuador transfirió las acciones del oleoducto al Estado. Como parte de esa operación, se mantenían vigentes dos garantías —una operativa y otra ambiental— que en conjunto sumaban $84 millones.

De acuerdo con el contrato de concesión, la extinción de la licencia implicaba la liberación de las garantías el 1 de marzo de 2025, con el correspondiente reembolso a OCP Ecuador. No obstante, Citibank Ecuador, banco emisor de las garantías, se negó inicialmente a liberarlas, alegando el incumplimiento de ciertos requisitos formales.

Esta negativa derivó en el inicio de un arbitraje internacional, en el que la empresa reclamó la liberación de las garantías y una compensación por los daños ocasionados. Finalmente, el 28 de octubre de 2025, el Estado notificó a Citibank Ecuador la expiración de las garantías y ordenó su liberación, lo que permitió que el reembolso se concrete el 3 de noviembre de 2025.

“Como resultado, Pampa incorporó $84 millones a su caja y redujo su ratio de endeudamiento neto”, señala el informe financiero de la compañía.

En septiembre de 2024, Pampa Energía informó el cierre de la adquisición indirecta del 36 % del capital social y votos de OCP Ecuador, porcentaje que se sumó al 64 % que ya poseía. El costo de esa transacción fue de $23 millones y se realizó en medio de la tercera prórroga del contrato de concesión, originalmente vencido el 20 de enero de 2024.

La última renovación culminó el 30 de noviembre de 2024, fecha desde la cual el Estado ecuatoriano asumió la administración del OCP Ecuador S. A., tras 20 años de concesión a un consorcio privado.

El entonces Ministerio de Energía y Minas —hoy Ministerio de Ambiente y Energía— indicó que lideraría la gestión estratégica de los activos hidrocarburíferos por un periodo inicial de seis meses, en coordinación con otras entidades públicas.

Arbitraje internacional sigue pendiente

El 2 de mayo de 2025, la empresa OCP Ltd., propiedad de Pampa Energía, presentó una demanda de arbitraje contra Ecuador ante el Ciadi, registrada con el número ARB/25/19. El proceso está dirigido contra la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Energía y Minas.

Según el portal del Ciadi, la controversia está relacionada con la construcción del oleoducto. El tribunal se constituyó el 23 de julio, bajo la presidencia del árbitro mexicano Eduardo Siqueiros. La primera sesión se realizó el 28 de agosto por videoconferencia y el último avance del caso data del 12 de septiembre, cuando se emitió una orden procesal. El estado del proceso continúa como “pendiente”.

Cuestionamientos y pedidos de auditoría

La liberación de las garantías ha sido cuestionada por sectores contrarios a la concesión del OCP. El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano calificó el reembolso como “irregular”, al considerar que se habría realizado sin formalizar la entrega total de activos ni solventar pasivos ambientales.

Además, la organización cuestiona la falta de transparencia frente a la demanda de OCP Ltd. en el Ciadi y advierte sobre cambios en el cálculo de rentabilidad en la comercialización de derivados, que —según sostienen— perjudicarían a la estatal petrolera.

En el ámbito legislativo, los asambleístas de la Revolución Ciudadana, Comps Córdova y Verónica Íñiguez, solicitaron a la Contraloría General del Estado un examen especial a las instituciones y empresas vinculadas a la devolución de las garantías del OCP y a la eventual renovación del contrato con Pampa Energía.

Aunque Córdova aseguró que la Contraloría respondió afirmativamente al pedido, los documentos difundidos indican que la entidad informó sobre dos acciones de control ya ejecutadas: una en 2021, relacionada con el cumplimiento de obligaciones ambientales, y otra en 2025, enfocada en la transferencia de acciones y bienes de OCP Ecuador S. A. al Estado ecuatoriano.