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Un total de ocho personas fueron detenidas cuando desmantelaban vehículos robados en un desguazadero clandestino en Sangolquí, cantón Rumiñahui (Pichincha), y ahora serán procesadas por juicio directo por los delitos que se les imputan en el operativo policial conjunto que se realizó a principios de febrero de 2026.
¿Qué ocurrió?
Autoridades del Ejército y la Policía Nacional, basadas en información de inteligencia, intervinieron un taller mecánico clandestino en el sector Inchalillo de Sangolquí donde se desmantelaban automotores supuestamente robados para comercializar sus piezas o reutilizarlos en delitos. Durante la acción, los agentes encontraron cinco vehículos reportados como robados y dos vehículos con presunta remarcación de chasis, además de autopartes incautadas en el lugar.
Las ocho personas aprehendidas —entre ellas Cristian Javier A., Carlos Daniel S. R., Boris Sebastián D. L., Darwin Rafael M. M., Milton Ricardo S. M., Erick Fernando M. C., Cristian Geovanni T. P. y Jefferson Fabián I. P.— son investigadas por su presunta vinculación con un centro de acopio y desmantelamiento de vehículos robados ligado al Grupo Armado Organizado (GAO) “Los Lobos”.
Procesamiento por juicio directo
Tras la detención en flagrancia, la Fiscalía presentó cargos que han permitido que los ocho detenidos sean procesados mediante juicio directo, una figura del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se aplica cuando la evidencia y circunstancias del caso permiten ir directamente a juicio sin un prolongado proceso de instrucción, acelerando la resolución judicial. (Nota: la versión del COIP especifica condiciones para juicio directo en casos de delitos flagrantes o con evidencias contundentes.)
Este tipo de trámite busca acelerar la administración de justicia en casos donde la recolección de pruebas y circunstancias delictivas son claras, para que se defina la responsabilidad penal de los acusados en un tiempo menor al de un proceso ordinario.
Contexto del operativo
El desguazadero intervenido en Sangolquí operaba como un punto logístico clandestino, donde los vehículos robados eran ocultados, desarmados y sus partes posiblemente comercializadas en el mercado ilegal, generando un impacto en la seguridad ciudadana al facilitar la reutilización de esos carros para cometer otros delitos como asaltos, secuestros o sicariatos, según las autoridades.
Operativos de este tipo se enmarcan dentro de las estrategias de las fuerzas del orden para golpear las economías ilícitas de grupos delictivos y desmantelar sus redes logísticas, especialmente en provincias cercanas a grandes centros urbanos como Quito y su zona metropolitana.
La detención de estas ocho personas y su procesamiento por juicio directo representa un avance en el combate al robo y desmantelamiento de vehículos en Ecuador, además de evidenciar el uso de mecanismos legales más ágiles para enfrentar delitos relacionados con crimen organizado. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar plenamente la responsabilidad de cada uno de los imputados y su posible relación con redes delictivas más amplias.
