Neira vincula el caso Laberinto con Aquiles Álvarez y presuntos fondos ilícitos para la campaña de Luisa González

El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, se refirió este viernes 23 de octubre de 2026 a la investigación conocida como caso Laberinto, en la que la Fiscalía General del Estado indaga presuntas irregularidades en el financiamiento político y los gastos de publicidad de la campaña presidencial de 2023.

En un video difundido en sus redes sociales, el funcionario explicó que uno de los puntos centrales del expediente es determinar el origen y destino de alrededor de $ 500.000 que, según la hipótesis investigativa expuesta, habrían estado relacionados con gastos electorales del binomio integrado por Luisa González y Andrés Arauz.

Neira mencionó posibles vínculos con empresas relacionadas con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y aludió a indicios que, de acuerdo con su explicación, están siendo examinados por las autoridades.

Mensajes sobre un presupuesto de campaña

Uno de los elementos citados por Neira corresponde a una conversación del 26 de junio de 2023 entre un cooperador de la investigación y un contacto guardado como “Aquiles Álvarez 1”.

Según la explicación del funcionario, en el intercambio se consultó sobre un presupuesto global de $ 500.000 para gastos relacionados con la campaña. La respuesta habría hecho referencia a recursos para brigadistas, camisetas y otros rubros, con instrucciones de realizar pagos en efectivo.

Estos mensajes forman parte de los indicios mencionados en la investigación para establecer si existió participación de terceros en el financiamiento y pago de gastos electorales.

La identidad del contacto y el alcance de las conversaciones deberán evaluarse junto con los demás elementos probatorios del expediente. La existencia de mensajes, por sí sola, no determina la responsabilidad penal de una persona.

Análisis financiero detectó movimientos bajo investigación

Durante su exposición, Neira también mencionó un análisis financiero correspondiente al periodo entre 2020 y 2026. Según los datos que presentó, se habrían identificado más de $ 400.000 en ingresos cuyo origen no estaría justificado dentro del análisis.

El funcionario indicó que una parte importante de esos recursos se habría recibido en un periodo de dos meses mediante transferencias y depósitos en efectivo. También señaló operaciones realizadas por terceros sin una relación comercial, laboral o contractual identificada que explicara los movimientos.

Entre los elementos descritos constarían transacciones de personas cuyos perfiles económicos no guardarían relación aparente con los montos transferidos, operaciones a través de intermediarios y adquisiciones de bienes inmuebles mediante pagos al contado.

Estos elementos, según la versión expuesta por Neira, forman parte de las líneas de investigación para determinar la procedencia de los fondos y su eventual destino.

Posibles vínculos con empresas relacionadas con Aquiles Álvarez

Neira señaló que el expediente incluye posibles conexiones entre personas jurídicas relacionadas con el entramado societario de Aquiles Álvarez.

El funcionario también mencionó denuncias sobre presuntas prácticas de financiamiento ilegal, cobros a integrantes de organizaciones políticas y pagos irregulares a proveedores y contratistas. Además, hizo referencia a posibles nexos con recursos ilícitos y estructuras vinculadas al narcotráfico.

Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos expuestos por el funcionario y a hipótesis que deben ser investigadas. No constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de que las personas mencionadas hayan cometido esos delitos.

La Fiscalía deberá establecer si existe una relación verificable entre los movimientos financieros, las empresas investigadas y los presuntos gastos de la campaña electoral.

¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Laberinto?

El caso Laberinto surgió después de que el Tribunal Contencioso Electoral remitiera documentación a la Fiscalía relacionada con inconsistencias en las cuentas de la campaña presidencial de 2023.

Entre los antecedentes constan observaciones por gastos de propaganda que no habrían sido reportados y aportes cuyo origen no estaría debidamente respaldado. La investigación posteriormente se enfocó en un presunto delito de lavado de activos.

La Fiscalía informó que el proceso comprende presuntas irregularidades en el financiamiento político y en el gasto electoral en publicidad, así como dudas sobre el origen lícito de los recursos.

Luisa González fue detenida el 22 de octubre de 2026 junto con otras personas investigadas. Al momento del reporte de Ecuavisa, los detenidos estaban a la espera de la formulación de cargos.

La detención y la investigación no equivalen a una sentencia condenatoria. La responsabilidad de cada persona deberá establecerse mediante el procedimiento judicial correspondiente, con respeto a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa.

El proceso deberá determinar el origen y destino de los recursos

La investigación busca esclarecer si los fondos bajo análisis tuvieron un origen ilícito, cómo se movilizaron y si fueron utilizados para cubrir gastos de la campaña presidencial de 2023 sin declarar adecuadamente su procedencia.

Los mensajes citados por Neira, los movimientos financieros y los posibles vínculos empresariales deberán ser contrastados con documentación, testimonios y otros elementos probatorios.

El resultado del proceso dependerá de las diligencias fiscales y de las decisiones de las autoridades judiciales. Mientras tanto, los señalamientos presentados por el Gobierno deben distinguirse de los hechos que lleguen a probarse legalmente.

Fuente: Ecuavisa