Luego de que se expuso el plan para la creación de los veinte nuevos cuarteles intermedios el pasado viernes 10 de febrero en la ciudad de Guayaquil, el ministro del Interior, Juan Zapata, participó el lunes 13 de febrero en el gabinete de Seguridad desarrollado ayer en el palacio de Carondelet y ahí expuso la necesidad de 151 millones de dólares para iniciar y ejecutar la construcción de la infraestructura en varias provincias.
Antes de participar en la cita, Zapata manifestó que el “presidente está consciente de que la principal prioridad es la seguridad y va a asignar los recursos, y yo le aseguro de que nos va a dar los recursos necesarios”.
De acuerdo con lo expuesto por Zapata, los nuevos cuarteles estarán listos en seis meses y serán territorios seleccionados en áreas estratégicas para combatir el crimen organizado en las ciudades. Doce de los veinte estarán en la zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y Samborondón.
Geovanni Naranjo, subdirector nacional de planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional, dijo que se trata de infraestructura de dos tipos: los cuarteles tipo A necesitarán un territorio de una hectárea y albergarán a 150 uniformados; mientras que los tipo B serán de 1,5 hectáreas para concentrar a 250 policías con el fin de que puedan atender con mayor rapidez a las zonas en conflicto.
No obstante, la adquisición de los terrenos aún falta de concretar, cada comandante de las respectivas zonales se encargarán de elegir los sitios apropiados para que luego de esto se llegue a acuerdos con los municipios y que, en caso de ser necesario sean expropiados los espacios correspondientes.
Zapata señaló que ya ha hablado con quince alcaldes y que tiene avances en Quito y Machala, pero que iniciará un cronograma de diálogo con dichas autoridades seccionales.
Este plan es adicional al programa de rehabilitación de 81 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) que sufrieron ataques de atentados terroristas en noviembre pasado y en otras cuatro zonales del país. Para estos cambios se han destinado más de 8 millones de dólares. Pero aún no se ejecuta el presupuesto a pesar de que declaró una emergencia con el fin de acelerar los procesos.
La medida inició el 1 de diciembre de 2022 y terminó el 28 de enero de 2023, pero no se logró la compra y contratación para el desarrollo de la intervención. Zapata dijo que hubo burocracia en el proceso de contratación pública.
