La marcha de los “ataúdes vacíos” llegó hasta el palacio de Gobierno, en Quito, para exigir investigaciones en diversos casos de desaparecidos, entre ellos el del equipo de prensa del diario El Comercio, asesinados por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El secuestro del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra ocurrió el 26 de marzo de 2018 cuando acudieron a la zona de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, para recabar información sobre el auge de la violencia en el sector.
Ricardo Rivas, hermano de Paúl, participó en la protesta para exigir investigaciones, pues el caso “no avanza”.
“Estamos reclamando la desclasificación de información, y la implementación de los mecanismos de las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” a los Estados colombiano y ecuatoriano, dijo Rivas.
Precisamente, una de las recomendaciones de la CIDH es la desclasificación de los documentos, determinar los responsables por acción y omisión, reiteró Rivas antes de reclamar que “la Fiscalía no pasa de una etapa de indagación ya cinco años, cuando la ley solo da como máximo tres, (pero) esto va camino al infinito”.
“Hasta ahora no se ha hecho la reconstrucción de los hechos, no se ha podido determinar a quién pertenecen las huellas dactilares que se encontraron”, añadió al remarcar que el Estado tuvo responsabilidad porque, en su opinión, “conocía de la peligrosidad de la zona y se guardó la información”.
Subrayó que por el caso en Ecuador no hay ningún detenido, “ni siquiera hay una línea de investigación, ni una teoría de caso, no hay nada”.
Rivas recordó que dialogó con Guillermo Lasso cuando era candidato en el balotaje a la Presidencia, y se comprometió “a esclarecer (el caso) a la semana de sentarse (en el sillón presidencial)”.
Sin embargo -anotó- no ha habido avances en el caso: “Aquí nadie quiere topar el tema por el miedo de involucrarse en un tema, que saben que la posición del Estado es no desclasificar información priorizando la imagen del Estado, del Gobierno y las autoridades”.
Los familiares de los desaparecidos se quejaron por el constante cambio o falta de fiscales y Rivas recalcó que, en el caso del equipo de prensa, no han encontrado resultados por parte del Estado, pero sí “un bloqueo estatal y un silencio absoluto que es la coraza del ataúd”.
Decenas de personas participaron en la marcha, que se inició en la Plaza del Teatro y terminó en la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.
Hasta allí llegaron cargando ataúdes negros vacíos y no se reunieron con autoridades.