El secretario Jurídico de Presidencia, Juan Pablo Ortiz, envió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea la solicitud de pruebas en el marco del juicio político al presidente Guillermo Lasso. El documento fue enviado con fecha del 16 de abril del 2023.
La solicitud detalla dos tipos de pruebas: testimonial y documental. Respecto a la primera. Ortíz solicita a la mesa legislativa que se convoque a comparecencia a dos personas. La primera es Jaime de Jesús Condoy, quien fue gerente general de FLOPEC.
La solicitud detalla que el testimonio de Condoy tiene que ver con contrato de fletamento del 7 de diciembre del 2018 y también sobre la adenda tres a ese contrato, suscrita el 10 de marzo de 2020.
El otro testimonio es de Andrea Poveda Camacho, ex secretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico de la Asamblea. Su comparecencia es para habar de lo ocurrido en la sesión del 11 de agosto del 2022.
Esa reunión fue para tratar el proceso de fiscalización de Flopec; además de la elaboración del informe No Vinculante sobre la situación de esa empresa.
En cuanto a las pruebas documentales, el Secretario Jurídico solicita los informes de fin de gestión de seis exfuncionarios públicos, entre ellos de Jhonny Estupiñán, exgerente de Flopec.
También pide actas certificadas de la sesión de Régimen Económico del 11 de agosto del 2022, un memorando de la Contraloría y que se agregue al proceso un Informe de trámite de documentos de la Presidencia de la República.
Al límite del plazo
A la media noche de hoy vence el plazo para que los integrantes de la Comisión de Fiscalización soliciten pruebas de oficio. Ese mismo plazo rige para que la defensa del Presidente presente sus descargos.
Además, desde el 17 de abril empieza una nueva etapa en la mesa legislativa. Se trata de la aplicación de las pruebas a cargo de las partes y también el inicio de las comparecencias. Para esto último, Fiscalización deberá tomar en cuenta el pedido hecho por el Secretario Jurídico del Ejecutivo.
