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El presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley urgente que plantea una reforma integral a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee) con el objetivo de dotar al país de herramientas legales más eficaces para enfrentar los desafíos del sector energético y garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico.
El proyecto del Ejecutivo responde a una restricción fiscal estructural, la necesidad de fortalecer la capacidad instalada del sistema eléctrico y de fomentar innovación tecnológica y diversificación de la matriz energética. Según el texto, la legislación vigente no cuenta con los instrumentos adecuados para responder con eficacia ante escenarios de escasez energética, colapsos operativos o disminución de reservas eléctricas que han afectado históricamente al país.
Causales para delegación de proyectos
La reforma introduce seis causales específicas por las cuales el Estado podrá delegar la ejecución de proyectos del servicio eléctrico al sector privado, empresas estatales extranjeras o empresas de la economía popular y solidaria, siempre mediante procesos públicos de selección y para proyectos incluidos en el Plan Maestro de Electricidad (PME) o relacionados con sus objetivos:
Retrasos superiores a dos años en la ejecución del Plan Maestro o presencia de déficit energético y riesgo de racionamiento.
Imposibilidad técnica o económica de ejecución por parte de empresas públicas o mixtas.
Declaratoria de emergencia del sector eléctrico, sustentada en informes técnicos.
Cuando la participación privada ofrezca condiciones económicas, financieras o de gestión de riesgos más favorables que los recursos del Estado.
Para proyectos complementarios al Plan Maestro que contribuyan a sus objetivos pero que no puedan ejecutarse oportunamente por el Estado.
Cuando la iniciativa privada ofrezca tecnologías innovadoras probadas internacionalmente que apoyen el cumplimiento de metas energéticas.
Además, se contempla la posibilidad de delegar el desarrollo de proyectos basados en energías renovables no convencionales (ERNC), energías de transición y autogeneración, así como distritos autónomos energéticos, con requisitos técnicos, económicos y jurídicos previamente verificados.
Plazos y condiciones contractuales
El proyecto establece que los contratos de concesión podrán tener plazos máximos de hasta 30 años, con una única posibilidad de renegociación previa justificación técnica y económica. Asimismo, se introducen reformas en varios artículos de la Lospee para ampliar derechos de autogeneración y ajustar mecanismos de despacho preferente para energías renovables, con el objetivo de incentivar inversiones de largo plazo en el sector.
Justificación del Gobierno
El Ejecutivo sostiene que estas reformas permitirán asegurar la expansión y sostenibilidad del sistema eléctrico sin comprometer la estabilidad macroeconómica, diversificar las fuentes de generación, fortalecer la resiliencia del sistema frente a eventos climáticos extremos y reducir los costos sistémicos asociados a interrupciones en el suministro.
