Gobierno de EE. UU. podrá impedir que jueces de inmigración cierren casos de deportación
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes 27 de octubre de 2026 una solicitud para restablecer la facultad de los jueces de inmigración de suspender temporalmente determinados procedimientos de deportación. La decisión representa un respaldo a la posición de la Administración del presidente Donald Trump, que se opone a mantener esa práctica migratoria.
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El máximo tribunal negó una petición de emergencia presentada por las ciudades de Baltimore, en Maryland; Columbus, en Ohio; y New Haven, en Connecticut, junto con la organización de servicios legales Centro Legal de la Raza.
Los solicitantes buscaban frenar temporalmente una decisión judicial que bloqueó la normativa impulsada durante el Gobierno del expresidente Joe Biden. La Corte Suprema emitió una resolución breve, sin explicar públicamente los motivos de su decisión.
¿Qué es el cierre administrativo de casos migratorios?
El llamado “cierre administrativo” es un mecanismo mediante el cual los jueces de inmigración podían retirar temporalmente determinados expedientes de sus listas de casos activos, sin resolverlos definitivamente.
Esta herramienta se utilizaba, por ejemplo, cuando una persona tenía otros procedimientos pendientes que podían influir en su situación migratoria, como una solicitud de visa o una apelación relacionada con una condena penal.
La suspensión permitía que esos asuntos avanzaran antes de retomar el proceso migratorio. Sin embargo, el cierre administrativo no equivalía a cancelar definitivamente una orden de deportación ni otorgaba automáticamente un estatus legal al migrante.
Según estadísticas gubernamentales citadas en los reportes internacionales, alrededor de 360.000 migrantes habían recibido esta medida desde 1990.
¿Cómo se originó la disputa judicial?
Durante el Gobierno de Joe Biden, en 2024 se formalizó una normativa que reconocía el uso del cierre administrativo para gestionar los expedientes de los tribunales migratorios.
Tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, su Administración dejó de defender esa política frente a los cuestionamientos legales. Posteriormente, el estado de Texas presentó una demanda contra la normativa.
Texas argumentó que la práctica podía permitir que personas sin estatus migratorio regular permanecieran indefinidamente en Estados Unidos. El Gobierno de Trump respaldó esa posición y ambas partes solicitaron a un tribunal federal que bloqueara la regulación.
Un juez federal aceptó el acuerdo y ordenó impedir la aplicación de la norma a escala nacional. Las ciudades y la organización de defensa legal intentaron intervenir para cuestionar esa decisión, pero sus solicitudes fueron rechazadas por tribunales inferiores y, ahora, por la Corte Suprema.
¿Qué consecuencias puede tener para los migrantes?
La decisión mantiene vigente el bloqueo del mecanismo de cierre administrativo mientras continúa la disputa judicial. En consecuencia, los jueces de inmigración no podrán recurrir a esa herramienta bajo la normativa bloqueada, lo que puede afectar la forma en que se gestionan ciertos expedientes de deportación.
Las organizaciones que buscaban mantener la medida sostienen que su eliminación puede perjudicar a personas vulnerables, incluidas víctimas de delitos y menores que necesitan protección. También señalan que la suspensión temporal permitía administrar mejor los casos en tribunales con una elevada carga de trabajo.
Por otra parte, la Administración Trump y Texas sostienen que el mecanismo podía utilizarse para mantener abiertos indefinidamente casos de personas sin autorización migratoria.
La resolución de la Corte Suprema no significa que todos los migrantes involucrados en procesos de deportación deban ser expulsados de inmediato. Cada caso continúa sujeto a sus circunstancias particulares y a los procedimientos migratorios aplicables.
Una disputa que continúa en los tribunales
La decisión del máximo tribunal se refiere a la solicitud de emergencia para suspender el bloqueo de la normativa, no a una resolución definitiva sobre todos los argumentos jurídicos del litigio.
El caso mantiene en discusión el alcance de las facultades de los jueces de inmigración, la administración de los expedientes y el papel de las autoridades federales en la aplicación de la política migratoria estadounidense.
Para los migrantes que tienen procesos pendientes, la situación legal dependerá de las condiciones particulares de sus expedientes. Por ello, quienes puedan verse afectados deben consultar con un abogado de inmigración acreditado antes de tomar decisiones sobre sus trámites.
Fuente: El Universo
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