Los familiares de los fallecidos en las protestas antigubernamentales en el sur de Perú pidieron el jueves 23 de febrero en Lima “justicia” y “garantías de no repetición” ante los hechos ocurridos el 9 de enero pasado en la ciudad de Juliaca, donde murieron 18 manifestantes en una sola jornada de enfrentamientos con la Policía.
“Queremos justicia, que los culpables paguen por todos estos hechos, y pedimos que nunca más vuelvan a suceder, que nunca más pongan de luto a una población entera”, declaró en una conferencia Raúl Samillán, cuyo hermano Marco era médico internista y fue “ejecutado extrajudicialmente”, según su versión, mientras intentaba salvar a heridos de las movilizaciones.
Sobre el anuncio del Gobierno de entregar 13 mil dólares a los parientes de las víctimas, Samillán aseveró que “ningún dinero va a devolver” las pérdidas del 9 de enero, cuando Juliaca (ubicada en el departamento de Puno, fronterizo con Bolivia) fue escenario de la jornada más sangrienta de las protestas en Perú, que en dos meses se han cobrado la vida de 70 personas, según diversas fuentes.
“Pido justicia”, clamó en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) Demetrio Aroquipa, padre de una menor de 17 años fallecida en Juliaca.
Puno, una región andina ubicada a unos 1.400 kilómetros al sur de Lima, fue el epicentro de las protestas antigubernamentales desde que se retomaron en enero tras una tregua navideña y, actualmente, la región es la única en la que persisten las protestas.
“En Puno ha sucedido una masacre, han asesinado a personas civiles con armas de fuego. El Estado (…) no tiene derecho a matar”, sostuvo Wilmer Quiroz, abogado de las víctimas.
Los familiares de los fallecidos en Juliaca llegaron a Lima para que “se sepa la verdad” y para “exigir justicia”, insistió el abogado de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, Armando Halire Mamani.
El letrado denunció que existe una criminalización de los manifestantes, quienes fueron acusados por algunas autoridades y sectores de la sociedad peruana de “terroristas y comunistas” y vinculados a supuestos grupos criminales.
